Una revisión nacional de las nóminas públicas pretende responder una pregunta tan elemental: ¿cuántas personas trabajan realmente para el Estado dominicano? La investigación también expone un sistema salarial fragmentado que el Gobierno promete reformar.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. La paradoja resulta difícil de ignorar, el mayor aparato administrativo del país desconoce con precisión el tamaño de su propia fuerza laboral. Mientras la Administración Pública figura entre los principales empleadores de la República Dominicana, las autoridades admiten que todavía no existe un registro integrado capaz de determinar cuántos servidores públicos conforman realmente la estructura estatal.
Con ese diagnóstico, el Ministerio de Administración Pública (MAP), puso en marcha una auditoría presencial de las nóminas institucionales, un proceso que busca verificar, empleado por empleado, la correspondencia entre los registros administrativos y la realidad en las oficinas públicas.
La revisión, ejecutada por tres firmas auditoras independientes, recorrerá organismos estatales de todo el país y tiene como horizonte diciembre de este año. El objetivo es identificar inconsistencias, duplicidades y posibles distorsiones en las plantillas laborales de la administración.
Durante un encuentro con directores y ejecutivos de medios de comunicación, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, reconoció que las cifras disponibles hasta ahora no permiten conocer con exactitud el número de empleados estatales. Aunque la Tesorería de la Seguridad Social registra alrededor de 700,000 cotizantes vinculados al sector público, el funcionario sostuvo que ese dato no refleja necesariamente la cantidad real de trabajadores activos.
La incertidumbre, explicó, responde a la falta de interoperabilidad entre las instituciones gubernamentales, una fragmentación tecnológica que impide consolidar una base única y confiable del personal público.
El MAP apuesta a corregir esa debilidad mediante un sistema de integración de las nóminas, concebido para conectar la información de las distintas entidades y ofrecer, por primera vez, una radiografía completa del empleo estatal.
Pero el diagnóstico no se limita a contar empleados. La evaluación también alcanza las condiciones bajo las cuales trabajan.
Según Freund, los estudios internos sobre clima organizacional revelan niveles importantes de insatisfacción entre los servidores públicos, especialmente por las diferencias salariales existentes entre cargos de responsabilidad similar. La disparidad, señaló, responde a un marco legal que ha quedado rezagado frente a la evolución de la estructura estatal.
En ese contexto, el Gobierno prepara una propuesta para modificar la Ley de Función Pública, con la intención de modernizar el sistema de remuneraciones, reducir las brechas entre instituciones y establecer criterios más homogéneos para la gestión del talento humano en el Estado.
La auditoría y la futura reforma legal forman parte de una misma apuesta, convertir la administración pública en un aparato más transparente, capaz de saber cuántos empleados tiene, cuánto les paga y bajo qué reglas opera. Antes de discutir el tamaño ideal del Estado, el Gobierno intenta resolver una cuestión previa: conocer, con certeza, quiénes forman parte de él.
