SEGURIDAD CIUDADANA
Las estadísticas oficiales muestran reducción de homicidios y robos mientras el Gobierno intensifica la búsqueda de personas requeridas por la justicia. En paralelo, las muertes reportadas por la Policía como “intercambios de disparos” colocan el uso de la fuerza y la rendición de cuentas en el centro de la discusión.
Por Luís Rodríguez | Vértice critico.
Santo Domingo. República Dominicana llega al último tramo de septiembre con dos fotografías simultáneas de su seguridad ciudadana.
Una aparece en las estadísticas oficiales que plantea menos homicidios, una reducción significativa de los robos y mayor capacidad tecnológica y operativa de la Policía Nacional.
La otra emerge de los propios operativos, 37 personas murieron durante septiembre en hechos que la institución reportó como “intercambios de disparos” con agentes, según un levantamiento periodístico basado en los casos divulgados durante el mes.
Ambas realidades forman parte de una misma discusión.
El Gobierno ha decidido intensificar la búsqueda de personas requeridas por la justicia y el presidente Luis Abinader expresó públicamente la instrucción de localizar a quienes tengan órdenes de arresto pendientes.
El mandatario sostuvo el pasado 28 de septiembre que cerca del 80 % de quienes cometen homicidios tienen varias órdenes de arresto y afirmó que las autoridades deben buscarlos antes de que puedan provocar nuevas muertes.
La estrategia combina patrullaje, investigación criminal, tecnología, identificación biométrica, análisis territorial del delito y coordinación entre diferentes organismos.
Pero su intensificación ocurre al mismo tiempo que aumenta el escrutinio sobre la manera en que algunos operativos terminan con personas fallecidas.
Los números oficiales muestran avances
La Fuerza de Tarea Conjunta informó que al 25 de septiembre la tasa acumulada de homicidios se encontraba en 7.36 por cada 100,000 habitantes.
En materia de robos, las autoridades reportaron 3,504 casos frente a 5,891 durante el período comparable de 2025, una reducción de 40.5 %.
Son indicadores relevantes para medir la evolución de la criminalidad registrada.
A ellos se suma una transformación en el despliegue policial.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la proporción de miembros destinados al patrullaje pasó de 12 % a 31 %. Otros 400 agentes serían incorporados al Dicrim y más de 3,500 participan en un plan relacionado con la protección de escenas del delito.
El Gobierno también dispone de 10,000 cámaras corporales para agentes vinculados al nuevo modelo de patrullaje y al Dicrim, además de sistemas de identificación dactilar, biometría y herramientas para relacionar armas incautadas con investigaciones criminales.
La modernización proporciona a la Policía una capacidad que años atrás era considerablemente menor.
También eleva el estándar con el cual puede exigírsele transparencia.
37 muertes abren otra discusión
Durante septiembre, 37 personas murieron en hechos descritos por la Policía Nacional como intercambios de disparos. Veintitrés de esas muertes se concentraron entre los días 18 y 25, según el recuento publicado por Diario Libre.
La denominación policial describe la versión institucional inicial de los acontecimientos. No constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre las circunstancias de cada muerte.
Ese elemento es fundamental.
Cuando una intervención estatal termina con una persona fallecida, la evaluación no concluye con el parte policial. La preservación de la escena, las armas ocupadas, los peritajes balísticos, las cámaras disponibles, los testimonios y la investigación del Ministerio Público son los elementos que permiten reconstruir lo sucedido.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha cuestionado las recientes muertes y reclamado que el combate contra la delincuencia permanezca sujeto al Estado de derecho.
El planteamiento no elimina la obligación policial de perseguir a personas peligrosas ni desconoce el riesgo que enfrentan los agentes durante determinados procedimientos.
Coloca, en cambio, una exigencia adicional, que el uso de la fuerza pueda ser posteriormente explicado, documentado y fiscalizado.
Más tecnología significa también mayor posibilidad de control
Aquí aparece una cuestión particularmente relevante dentro de la reforma policial.
Si el Estado dispone de miles de cámaras corporales, mejores sistemas de identificación, registros digitales y nuevas herramientas de investigación, esos recursos no solo sirven para perseguir el delito.
También pueden proporcionar evidencia objetiva sobre el comportamiento de los propios agentes durante una intervención.
La disponibilidad anunciada de 10,000 cámaras corporales abre, por tanto, preguntas concretas, en cuáles unidades están operativas, qué procedimientos obligan a activarlas, cómo se conserva el material grabado y qué ocurre cuando un operativo termina con una persona muerta.
Responder esas preguntas contribuiría tanto a proteger a ciudadanos frente a actuaciones irregulares como a respaldar a policías cuando hayan utilizado legítimamente la fuerza frente a una amenaza comprobable.
Seguridad y legalidad
La reducción estadística de homicidios y robos representa un resultado favorable dentro de los indicadores oficiales de seguridad.
Las 37 muertes registradas durante septiembre en actuaciones descritas como intercambios de disparos pertenecen a otro indicador que también requiere seguimiento público.
Uno no anula al otro.
Una política de seguridad puede mostrar avances contra determinados delitos y, simultáneamente, estar obligada a explicar con transparencia cada actuación en la que agentes del Estado causen una muerte.
El desafío institucional consiste precisamente en evitar una falsa elección entre autoridad y legalidad.
La fortaleza de una política de seguridad no se mide únicamente por cuántos prófugos captura o cuánto consigue reducir la criminalidad. También se mide por la capacidad del Estado para demostrar que, mientras hace cumplir la ley, sus propias actuaciones permanecen sometidas a ella.
