En San Francisco de Macorís, un plantel provisional amenaza con cerrar mientras la obra definitiva lleva casi un año paralizada
Por José Espinal.
En la periferia agrícola de San Francisco de Macorís, la comunidad de La Zarza enfrenta una paradoja incómoda: la educación pública existe, pero sin edificio propio ni pagos al día. El centro educativo María Lajara Henríquez, que opera en un local alquilado tras la demolición de su antigua estructura, acumula cerca de diez meses sin que el Ministerio de Educación de la República Dominicana honre el contrato de arrendamiento.
El impago (que supera los RD$70,000), no es una cifra descomunal dentro del presupuesto nacional. Pero en economías locales donde la confianza es el principal activo, el retraso se traduce en una orden de desalojo y en la amenaza real de que cientos de estudiantes vuelvan a improvisar aulas, como ya ocurrió cuando recibían docencia bajo una lona.
La historia es conocida en la administración dominicana: denuncia pública, reacción institucional, solución transitoria y, finalmente, dilación. Tras el escándalo inicial, las autoridades dispusieron alquilar un inmueble mientras se construía un nuevo plantel. La obra comenzó hace aproximadamente un año y medio. Lleva diez meses paralizada. El alquiler, casualmente, dejó de pagarse en ese mismo período.
Robert Frías, representante local de Asociación Dominicana de Profesores, asegura haber mediado para evitar el desahucio. El propietario aguardó. La paciencia, sin embargo, no es un recurso renovable. Cuando el Estado incumple, el mercado actúa. Y cuando el mercado actúa en el ámbito educativo, los más vulnerables pagan la factura.
Ante la falta de respuestas oficiales, la comunidad (junta de vecinos, padres y representantes religiosos), protestó frente al Distrito Educativo 07-05. Como medida de presión, suspendieron la docencia durante la semana, una ironía amarga: para exigir educación, han tenido que interrumpirla.
El caso ilustra una fragilidad más amplia. La inversión pública en infraestructura educativa suele medirse en anuncios y cortes de cinta; rara vez en la gestión contractual ordinaria que sostiene el día a día. En La Zarza, el problema no es solo una obra detenida, sino la erosión de credibilidad administrativa.
La escuela provisional es ahora un símbolo involuntario: no solo de promesas incumplidas, sino de una política educativa atrapada entre la inauguración mediática y la ejecución presupuestaria deficiente. Mientras tanto, las clases penden de un contrato vencido y de una comunidad que, cansada de esperar, ha decidido hablar en el único lenguaje que parece surtir efecto: la presión colectiva.
