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Movimiento Social y Popular convoca huelga de 48 horas en San Francisco de Macorís por acuerdos incumplidos.

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El paro está convocado para los días 3 y 4 de noviembre. Las organizaciones endurecen un ciclo de protestas que durante los últimos meses ha incluido marchas, vigilias, un “entierro popular” y, esta semana, la celebración simbólica de un año de compromisos pendientes.

Por José Espinal Marcelo | Vértice Crítico. 

San Francisco de Macorís. El Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís anunció una huelga de 48 horas para los días 3 y 4 de noviembre, con la que busca elevar la presión sobre el Gobierno ante lo que sus dirigentes consideran el incumplimiento de acuerdos sobre obras de infraestructura, servicios públicos y otras demandas acumuladas en el municipio.

El anuncio fue realizado en nombre del movimiento por Ariel Paulino, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), y coloca fecha a una paralización que las organizaciones sociales venían advirtiendo como siguiente etapa de su programa de movilizaciones.

La convocatoria se produce después del denominado “Cumpleaños Popular”, realizado el 1 de octubre en el parque Juan Pablo Duarte, una protesta simbólica con la que los manifestantes marcaron un año desde los compromisos que aseguran fueron asumidos por las autoridades y que, según su balance, permanecen total o parcialmente pendientes.

Durante esa jornada, las organizaciones señalaron que inicialmente habían sido contemplados 14 sectores y 18 calles dentro de una primera etapa de intervención, pero sostienen que los trabajos no han avanzado conforme a lo acordado.

Una agenda que va más allá del asfaltado

Los reclamos acumulados abarcan el asfaltado y rehabilitación de calles en barrios y urbanizaciones, la construcción de la Plaza de la Cultura, proyectos de asentamiento agrario, la carretera San Francisco de Macorís–Río San Juan, así como soluciones al abastecimiento de agua potable.

Dentro de la agenda planteada por el movimiento también figuran la construcción de un anfiteatro en el recinto de la UASD en San Francisco de Macorís y la entrega definitiva a la universidad de las instalaciones del denominado Hospital Viejo.

La educación ha formado igualmente parte del escenario de conflictividad social del municipio. Durante septiembre se registraron protestas por las condiciones de centros educativos y retrasos que afectaron el inicio de la docencia; en el caso del liceo Ercilia Pepín, las propias autoridades educativas comunicaron que el plantel no podría comenzar las clases en la fecha prevista.

De las mesas de diálogo a la protesta

El conflicto no comenzó con la convocatoria de noviembre. Las organizaciones populares sostienen que los compromisos surgieron de varias rondas de conversaciones con representantes gubernamentales. En junio, dirigentes del FALPO volvieron a reunirse con el presidente Luis Abinader y funcionarios para revisar proyectos relacionados con infraestructura vial, saneamiento, salud y educación. En ese momento se informó que el Gobierno se comprometía a iniciar varias de las obras reclamadas.

Sin embargo, el 16 de junio diferentes organizaciones habían escenificado frente a la Gobernación de Duarte un “entierro popular”, una representación simbólica con la que denunciaron retrasos e incumplimientos y anunciaron que incrementarían las movilizaciones si no obtenían respuestas.

Las protestas continuaron durante los meses siguientes. En septiembre, el FALPO realizó una marcha por las calles de San Francisco de Macorís en la que volvió a reclamar asfaltado, terminación de obras y soluciones a deficiencias en el suministro de agua y electricidad.

Gobierno reporta avances en algunas áreas

Aunque las organizaciones sostienen que una parte importante de los acuerdos continúa pendiente, el Gobierno ha informado avances en determinados proyectos.

En julio, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) inició la ampliación del acueducto de San Francisco de Macorís, con una inversión anunciada de aproximadamente RD$3,699.5 millones y una población proyectada de más de 285,000 beneficiarios. El proyecto contempla una nueva planta potabilizadora en Cenoví y la rehabilitación de la existente en Mata Larga.

Posteriormente, el director de INAPA, Wellington Arnaud, sostuvo otro encuentro con organizaciones sociales y autoridades de Duarte y anunció un plan de respuesta inmediata mientras avanza el proyecto integral destinado a mejorar el abastecimiento de agua.

Esos anuncios, sin embargo, no han cerrado el conflicto. Para el Movimiento Social y Popular, el problema central continúa siendo la diferencia entre los compromisos asumidos, los plazos transcurridos y el nivel de ejecución que las comunidades observan en el territorio.

Con la convocatoria para el 3 y 4 de noviembre, el conflicto entra ahora en una fase distinta: después de meses de marchas, piquetes, vigilias y protestas simbólicas, las organizaciones han fijado fecha para una paralización de 48 horas con la que pretenden colocar nuevamente las demandas de San Francisco de Macorís en la agenda nacional.

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