Por Pablo Ferreiras Pérez.
Ni turbas ni linchamiento, contra el feminicidio se necesita unidad del pueblo, colaboración firme y constante entre todos y el Estado, darle cumplimiento a su misión de crear los mecanismos institucionales para lograr la protección de todos los ciudadanos.
Ninguna mujer puede estar sola, abandonada a su infortunio. A la primera denuncia de abuso y maltrato, la sociedad debe actuar. No podemos dejar a la víctima de violencia sola, desamparada, a expensas de la bestialidad de quien es o fue su compañero.
Esa muchacha abusada es un ser humano. Ella puede ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre. Como seres humanos estamos convocados a la solidaridad, a la hermandad.
La mujer abusada no puede, por sí sola, afrontar la indolencia de un sistema que se niega al tratamiento preventivo. Estamos frente a un modelo que prefiere sepultar a la asesinada y reprimir al homicida, en lugar de invertir esfuerzos educativos, persuasivos y de acompañamiento científico tanto a la víctima como al victimario para impedir que se consuma el feminicidio.
Necesitamos poner en movimiento políticas públicas que apunten a eliminar de raíz los feminicidios en nuestro país. No con declaraciones altisonantes para la prensa. Debemos evaluar a profundidad los elementos causales de estas tragedias. Se tienen que destinar suficientes recursos humanos, científicos y económicos para hacer los enfoques objetivos que permitan el diseño de una estrategia efectiva para combatir esta epidemia.
El feminicidio, lo mismo que cualquier variante de violencia, es un problema de orden público, pero también de orden social. La sociedad tiene que asumir mecanismos de autodefensa, como son las redes comunitarias de protección a las familias violentadas, la vigilancia social preventiva, el acompañamiento comunitario y la intervención solidaria desde las organizaciones barriales. Estas acciones tienen que ir en la dirección de impedir que más mujeres sean asesinadas, que más niños y niñas queden huérfanos y que más familias queden fracturadas para siempre.
Los feminicidios tienen una expresión estructural. Su fenómeno responde a la condición económica de las familias. El mapa de distribución se corresponde con el injusto esquema de desigualdad económica. Los sectores más golpeados son los de menores ingresos, afectan, sobre todo, a las clases populares; por tal razón, se impone la defensa colectiva.
La violencia, en cualquiera de sus formas, tiene un alto componente de injusticia distributiva. Una mirada a la estructuración socioeconómica de los feminicidios dará como resultado que este flagelo es una expresión de la inviabilidad del modelo económico y social imperante en la República Dominicana.
La mujer abusada no puede, por sí sola, afrontar la indolencia de un sistema que muchas veces se niega al tratamiento preventivo, a la protección oportuna y a la justicia. La violencia de género no se combate únicamente reaccionando después de la tragedia; se enfrenta con educación, acompañamiento, políticas públicas eficaces y una sociedad que deje de mirar hacia otro lado.