Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
Distrito Nacional. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el nuevo Código Penal fortalece los mecanismos de control sobre el ejercicio de la función pública y establece sanciones más severas para los servidores que incurran en actos de corrupción vinculados a la administración de recursos estatales.
Durante una conferencia sobre las implicaciones de la nueva legislación en el desempeño de las funciones públicas, la magistrada explicó que el marco normativo amplía la responsabilidad de los funcionarios y endurece las consecuencias penales para quienes vulneren los principios de transparencia y legalidad en la gestión gubernamental.
Entre las conductas que ahora reciben un tratamiento más riguroso, Reynoso destacó el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos estatales, la aceptación de equipos defectuosos o incompletos, la manipulación de precios en perjuicio del Estado y el uso indebido de fondos públicos.
La procuradora sostuvo que estas disposiciones buscan fortalecer la protección del patrimonio público y reducir los espacios para prácticas irregulares en los procesos de contratación y ejecución presupuestaria.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una jornada de orientación dirigida a servidores públicos, donde se analizaron los alcances del nuevo régimen penal y las obligaciones legales que deberán observar quienes administran recursos del Estado.
El fortalecimiento de las sanciones forma parte de una estrategia orientada a elevar los niveles de rendición de cuentas y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, en un contexto donde la transparencia y el combate a la corrupción continúan ocupando un lugar central en el debate nacional.
