ALARMA:
Un informe de la Cámara de Cuentas identifica diferencias cercanas a RD$99 millones en el registro de activos, contrataciones sin evidencias de procesos competitivos e irregularidades en la estructura salarial, mientras la institución mantiene una opinión financiera favorable.

Por Luís Rodríguez | Vértice critico.

Santo Domingo. Una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la gestión financiera y administrativa de la Cámara de Diputados entre 2020 y 2024 expone un conjunto de debilidades en los mecanismos de control interno que comprometen la trazabilidad del patrimonio público y el cumplimiento de normas de contratación y administración de personal.
El informe identifica una diferencia pendiente de conciliación de RD$98.8 millones entre los registros contables de la Cámara de Diputados y el Sistema de Información de la Administración de Bienes (SIAB), plataforma oficial utilizada por el Estado para el control de los activos públicos.
La discrepancia surge porque la contabilidad institucional reporta retiros de bienes por RD$144.6 millones, mientras que el SIAB únicamente refleja RD$45.8 millones, dejando una brecha que, según los auditores, permanece sin explicación documental suficiente.
El ejercicio fiscal de 2022 concentra la mayor parte de esa diferencia. Solo en la cuenta correspondiente a "Otras construcciones y mejoras", la Cámara registró descargos por RD$74.7 millones que no aparecen reflejados en el sistema oficial de administración de bienes.
Activos retirados sin respaldo documental
La auditoría también documenta retiros de activos atribuidos a deterioro, pérdidas, obsolescencia y donaciones por RD$116.7 millones que no pudieron ser corroborados en el Auxiliar de Activos Fijos.
Durante 2024, las bajas sin verificación alcanzaron RD$49.2 millones, principalmente en equipos informáticos y vehículos, un hallazgo que los auditores consideran una debilidad significativa para la protección del patrimonio institucional.
A ello se suman diferencias adicionales por RD$19.8 millones entre distintos registros patrimoniales, de las cuales más del 90 % corresponde igualmente al año 2022.
Compras bajo cuestionamiento
En materia de adquisiciones, el órgano fiscalizador identificó contrataciones por RD$34.6 millones para las cuales no encontró evidencias suficientes de que se hubieran aplicado los procedimientos de selección establecidos en la legislación de compras públicas.
Entre los casos examinados figura un contrato por RD$3.5 millones destinado a servicios técnicos de climatización, diseño, montaje y desmontaje del evento Congreso Liderazgo Transformador, celebrado en Cap Cana.
Asimismo, el informe señala 24 procesos de contratación en los que no se utilizó el modelo oficial de acta de aprobación del Comité de Compras, incluyendo procedimientos relacionados con la adquisición de 10 camionetas Toyota Hilux y otros vehículos destinados a la institución.
Miles de millones clasificados incorrectamente
La revisión financiera también detectó errores en la clasificación contable de operaciones por aproximadamente RD$3,762.2 millones.
Las inconsistencias abarcan registros asociados con alimentos, publicidad institucional, bonos de compra, uniformes, canastillas para embarazadas, patrocinios, prendas de vestir y servicios logísticos, entre otros conceptos presupuestarios.
Aunque estos hallazgos no implican necesariamente la desaparición de recursos, sí reflejan deficiencias en la calidad y consistencia de la información financiera utilizada para la rendición de cuentas.
Distorsiones en la política salarial
El examen de la nómina también reveló anomalías en la aplicación de la escala salarial institucional.
Los auditores identificaron 171 empleados con remuneraciones fuera del rango establecido y 302 servidores cuya clasificación ocupacional no guarda correspondencia con el salario asignado.
Como ejemplo, el informe cita casos de camareras con ingresos superiores a RD$70,000 mensuales, mientras profesionales como médicos, periodistas, abogados, contadores, técnicos y secretarias ejecutivas perciben salarios comprendidos entre RD$35,000 y RD$50,000.
Una opinión favorable pese a las observaciones
A pesar del volumen y naturaleza de las observaciones, la Cámara de Cuentas emitió una opinión sin salvedad sobre los estados financieros de la Cámara de Diputados, al concluir que estos presentan razonablemente la situación financiera de la institución conforme al marco contable aplicable.
No obstante, el propio informe recomienda fortalecer los mecanismos de control interno, mejorar la conciliación de activos, reforzar la transparencia en las contrataciones públicas y corregir las distorsiones detectadas en la administración del personal, con el propósito de reducir riesgos administrativos y fortalecer la confianza en la gestión de los recursos públicos.





































