ECONOMÍA | VÉRTICE CRÍTICO.
La investigación plantea para República Dominicana un esquema de reparto moderno con beneficios definidos, una pensión básica para quienes no logren cumplir los requisitos contributivos y tasas de reemplazo que partirían del 70 % con 20 años cotizados. Sus autores estiman que la implementación integral representaría entre 2.9 % y 5.9 % del PIB entre 2025 y 2045.
Por Equipo de análisis económico de Vértice Crítico.
Santo Domingo. ¿Puede República Dominicana garantizar pensiones sustancialmente superiores a las que proyecta el actual sistema de capitalización individual sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas?
Un estudio elaborado por investigadores vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación Juan Bosch, la Coalición por la Seguridad Social Digna y la Fundación SOL de Chile sostiene que sí, pero bajo una condición estructural, abandonar la centralidad de las cuentas individuales administradas por las AFP y avanzar hacia un sistema público de seguridad social basado en solidaridad, beneficios definidos y reservas técnicas.
El documento, titulado Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana, fue actualizado al 1 de septiembre de 2023. Sus coordinadores son Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez, mientras Francisca Barriga Yumha y Recaredo Gálvez Carrasco figuran como investigadores principales.
Aunque las cifras monetarias del estudio corresponden al contexto salarial y económico utilizado en 2023 —por lo que no deben interpretarse como valores nominales vigentes en 2026—, sus proyecciones estructurales colocan sobre la mesa una cuestión de fondo: quién asume el riesgo previsional y bajo qué lógica se determina la pensión que recibirá un trabajador al finalizar su vida laboral.
EL PROBLEMA NO ES SOLO ESTAR AFILIADO
Uno de los hallazgos centrales del estudio es la distancia existente entre afiliación, cotización efectiva y acceso final a una pensión.
La investigación proyectó que la cantidad de afiliados mayores de 20 años podría acercarse a los 8 millones en 2045 en sus escenarios moderados. Sin embargo, la densidad promedio de cotización observada para la población mayor de 20 años durante 2011-2021 fue de apenas 48 %.
Partiendo de ese comportamiento, los autores calculaban que para 2045 habría alrededor de 3.7 millones de cotizantes en los escenarios moderados, muy por debajo de la cantidad de personas que habrían estado afiliadas alguna vez.
La diferencia es económicamente crucial. Estar registrado en el sistema no significa cotizar todos los meses y mucho menos acumular los aportes suficientes para financiar una pensión adecuada.
El estudio advierte así sobre uno de los puntos débiles de un modelo estrechamente vinculado a la continuidad del empleo formal: la precariedad y las interrupciones laborales terminan trasladándose directamente a la jubilación.
EL ESCENARIO QUE PREOCUPA: MILLONES PODRÍAN LLEGAR A LA VEJEZ SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS
La magnitud del desafío aparece con mayor claridad cuando la investigación proyecta cuántos adultos mayores estarían afiliados, pero no lograrían satisfacer las condiciones necesarias para obtener una pensión contributiva.
Para 2025, el modelo estimaba alrededor de 879,750 personas mayores de 60 años en esa situación. La cifra aumentaría a 1.4 millones en 2030, 1.62 millones en 2035 y superaría los 2 millones en 2045.
En contraste, si se mantuvieran los criterios y niveles de cobertura utilizados por el estudio para proyectar el funcionamiento de los esquemas existentes, las pensiones por vejez alcanzarían alrededor de 480,000 en 2045 en los escenarios moderados.
Ahí se encuentra una de las tesis económicas fundamentales de la investigación: el problema previsional dominicano no se limita a cuánto dinero acumulan los fondos, sino a cuántas personas terminan efectivamente protegidas y cuánto ingreso reciben cuando dejan de trabajar.
DOS PILARES PARA CAMBIAR EL MODELO
La alternativa está inspirada en el enfoque bidimensional de protección social promovido por la Organización Internacional del Trabajo.
El primer componente sería un piso básico de protección social, mientras el segundo consistiría en un seguro social obligatorio como eje del sistema. Los mecanismos adicionales de ahorro podrían existir, pero funcionarían como instrumentos complementarios y no como columna vertebral de la protección previsional.
En su primera etapa, el piso básico estaría dirigido a personas mayores de 60 años que hayan estado afiliadas, pero no hayan conseguido cumplir los requisitos para obtener una pensión contributiva.
El estudio fijó esa prestación en RD$13,685 mensuales, equivalente entonces al salario mínimo utilizado para las microempresas. Nuevamente, se trata de una cifra expresada en valores del momento en que fue elaborado el documento y que requeriría actualización para una eventual aplicación actual.
Con ese mecanismo, los investigadores proyectaban una cobertura de 73 % de los mayores de 60 años en 2025 y de 100 % a partir de 2030 dentro de su simulación.
DEL AHORRO INDIVIDUAL AL BENEFICIO DEFINIDO
La transformación más profunda estaría en el segundo pilar.
El estudio propone un sistema público de reparto moderno con reservas técnicas y beneficios definidos. En vez de que la pensión dependa esencialmente del saldo acumulado en una cuenta individual, su cuantía se determinaría fundamentalmente mediante dos variables: años cotizados y salario cotizable.
Esto cambia radicalmente la distribución del riesgo.
En un esquema de capitalización individual, el resultado final está condicionado por el ahorro acumulado y otras variables financieras. En la propuesta, el sistema establece anticipadamente qué porcentaje del ingreso laboral será reemplazado durante la jubilación.
Y ahí aparece uno de los números más importantes del documento.
70 % DE REEMPLAZO CON 20 AÑOS COTIZADOS
La tabla propuesta establece una tasa de reemplazo de 70 % para quien haya cotizado durante 20 años. A partir de ahí, el porcentaje aumenta un punto por cada año adicional: 75 % con 25 años, 80 % con 30, 85 % con 35 y hasta 90 % para quienes acumulen 40 años o más de cotizaciones.
Además, existiría una pensión mínima garantizada vinculada al salario mínimo nacional y un techo para las pensiones contributivas.
Los autores argumentan que establecer mínimos y máximos permitiría combinar proporcionalidad contributiva con solidaridad y reducir desigualdades excesivas dentro del propio sistema.
AFP: EL ESTUDIO CONTRAPONE TASAS DE REEMPLAZO DE 24 %, 35 % Y 50.3 %
Para dimensionar su propuesta, los investigadores comparan sus resultados con simulaciones previamente realizadas sobre las cuentas individuales.
Según los escenarios citados en el documento, el sistema de capitalización individual sin incorporar los cambios de la Ley 13-20 produciría una tasa bruta de reemplazo de aproximadamente 24 %.
Al incorporar modificaciones como reducción de comisiones, fortalecimiento de la Tesorería de la Seguridad Social y mayor acreditación a la cuenta individual, la tasa promedio subiría a alrededor de 35 %.
Un escenario mucho más exigente —que incluye aumentar progresivamente hasta 12.5 % la acreditación a las cuentas, mejorar los salarios cotizables y elevar a 62 años la edad legal de jubilación—, alcanzaría aproximadamente 50.3 %.
La propuesta de los investigadores contrapone esos resultados con una tasa de reemplazo de 70 % desde los 20 años de cotización, acompañada de mínimos garantizados.
La comparación constituye el núcleo de su cuestionamiento económico al modelo vigente: no basta evaluar cuánto dinero administra el sistema; hay que medir qué proporción del salario consigue reemplazar cuando el trabajador se jubila.
¿CUÁNTO COSTARÍA?
La sostenibilidad fiscal constituye el punto más sensible de cualquier transición hacia un sistema de beneficios definidos.
La simulación estima que solo el seguro social obligatorio requeriría recursos equivalentes a 0.7 % del PIB en 2025, aumentando a 1.1 % en 2030, 1.4 % en 2035, 1.5 % en 2040 y 1.6 % del PIB en 2045.
Cuando se contabilizan conjuntamente el piso básico y el seguro social obligatorio, la estimación aumenta considerablemente: 2.9 % del PIB en 2025, 5.1 % en 2035 y 5.9 % en 2045.
Los autores consideran esos niveles financieramente manejables y señalan como fuentes fundamentales las cotizaciones de trabajadores y empleadores, los rendimientos de las reservas técnicas y, cuando corresponda, aportaciones estatales.
El propio documento aporta otra dimensión al debate: señala que en 2022 el patrimonio del sistema dominicano de capitalización individual representaba alrededor del 13 % del PIB, mientras el conjunto de fondos de pensiones ascendía a RD$1.062 billones, equivalente entonces a aproximadamente 17 % del PIB.
UN FONDO PÚBLICO, PERO FUERA DEL CONTROL DEL GOBIERNO DE TURNO
La propuesta no plantea entregar simplemente los recursos previsionales a la administración ordinaria del Estado.
El documento reconoce expresamente los riesgos asociados a corrupción, interferencia política y mala gestión. Para enfrentarlos propone crear un ente público autónomo, dedicado exclusivamente a administrar el sistema de pensiones.
La institución tendría independencia frente a los gobiernos de turno y los recursos previsionales no podrían destinarse a finalidades diferentes de aquellas para las cuales fueron constituidos. El objetivo declarado sería blindar la gestión mediante transparencia, eficiencia y seguridad de largo plazo.
Ese componente institucional resulta decisivo: un sistema público de gran escala necesitaría mecanismos de gobernanza, fiscalización y autonomía capaces de impedir que el ahorro previsional se transforme en una fuente discrecional de financiamiento político o presupuestario.
EL SALTO HACIA LA UNIVERSALIDAD
El documento va todavía más lejos en su visión de largo plazo.
Los investigadores plantean eventualmente eliminar el requisito mínimo de meses cotizados y crear un piso no contributivo universal para los mayores de 60 años que nunca hayan podido cotizar.
Simultáneamente, el componente contributivo podría ampliarse para reconocer derechos previsionales incluso a quienes hayan acumulado entre uno y 19 años de aportaciones.
La lógica es convertir la pensión de vejez en un mecanismo de seguridad social universal, y no exclusivamente en el resultado financiero de la trayectoria individual dentro del mercado formal de trabajo.
EL DEBATE ECONÓMICO QUE SIGUE ABIERTO
La propuesta no elimina las interrogantes. Una transformación de esta magnitud obligaría a definir jurídicamente el tratamiento de los fondos acumulados, la transición entre sistemas, las obligaciones futuras del Estado, las fuentes tributarias necesarias para financiar el componente no contributivo, la gobernanza del fondo público y el impacto de los cambios demográficos sobre las reservas.
También habría que actualizar las simulaciones de 2023 con salarios, PIB, población, empleo, densidad de cotización y patrimonio previsional recientes antes de convertir sus resultados en parámetros de política pública.
Pero el estudio modifica el eje tradicional de la discusión.
La pregunta deja de ser únicamente cuánto dinero acumulan las AFP y pasa a ser qué pensión recibirá realmente el trabajador, qué porcentaje de su salario podrá conservar al jubilarse y cuántos dominicanos quedarán protegidos cuando lleguen a la vejez.
En esa comparación, los investigadores colocan dos modelos frente a frente: uno basado predominantemente en la capitalización individual, y otro concebido como un seguro social público, solidario y con beneficios previamente definidos.
La diferencia no es solamente financiera.
Es una discusión sobre qué riesgos debe asumir individualmente el trabajador, cuáles debe compartir la sociedad y qué parte de la riqueza nacional está dispuesta República Dominicana a destinar para garantizar ingresos durante la vejez.
Ese, más que el tamaño de los fondos acumulados, podría convertirse en el verdadero centro del próximo gran debate sobre la seguridad social dominicana.
Fuente principal: Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana, versión actualizada al 1 de septiembre de 2023. La Fundación Juan Bosch mantiene el estudio dentro de su catálogo de investigaciones de 2023.
La nota:
[Consultar el estudio completo de la Fundación Juan Bosch](https://juanbosch.org/wp-content/uploads/2023/09/Propuesta-Sistema-Pensiones-2023.pdf?utm_source=chatgpt.com)
