Presidencia niega restricciones a la prensa y sostiene que la cobertura del Consejo Nacional de la Magistratura sería distribuida por sus canales oficiales. El incidente plantea interrogantes sobre la diferencia entre recibir información gubernamental y acceder directamente a los hechos.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo, República Dominicana. La decisión de retirar del Palacio Nacional a periodistas acreditados que pretendían cubrir una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), abrió un inesperado impasse entre la Presidencia y reporteros asignados a la fuente, colocando en discusión un asunto que trasciende el incidente, quién controla el acceso y la producción de información sobre decisiones públicas de alto interés institucional.
Periodistas de distintos medios que se encontraban en la sede del Gobierno para dar seguimiento a la sesión del CNM fueron informados de que no podrían permanecer para realizar la cobertura prevista. Miembros de la seguridad presidencial los acompañaron posteriormente hasta la salida.
La decisión adquirió particular relevancia por la naturaleza del organismo reunido. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene entre sus atribuciones constitucionales la selección y evaluación de integrantes de las altas cortes y, en esta ocasión, debía decidir cuáles de siete jueces evaluados continuarían ejerciendo funciones en la Suprema Corte de Justicia.
La controversia surgió no porque la Presidencia anunciara que mantendría en reserva los resultados, sino por el mecanismo escogido para comunicarlos.
Presidencia rechaza que exista una política restrictiva.
Ante los cuestionamientos generados por el episodio, la Dirección de Prensa del Presidente y la Dirección de Estrategia y Comunicación rechazaron que la actuación represente una restricción al ejercicio periodístico dentro del Palacio Nacional.
La explicación oficial sostiene que la cobertura de la reunión había sido concebida para transmitirse a través de los canales institucionales y que posteriormente serían facilitadas a los medios acreditados las imágenes y las informaciones correspondientes.
Desde esa perspectiva, el Gobierno presenta lo ocurrido como una cuestión relacionada con el esquema de cobertura establecido para una actividad específica y no como un cambio en su política de acceso a la prensa.
La administración del presidente Luis Abinader reiteró, además, su disposición de mantener una relación abierta con los periodistas que cubren regularmente las actividades de la sede gubernamental.
El incidente, sin embargo, deja una diferencia sustancial entre las partes; para el Gobierno, garantizar información e imágenes oficiales constituye una vía suficiente de acceso al acontecimiento; para los periodistas afectados, recibir posteriormente material producido por la propia institución no equivale a realizar una cobertura independiente.
Información oficial y cobertura periodística.
Esa distinción constituye el núcleo del episodio.
Una transmisión institucional permite conocer lo que una entidad decide mostrar y escuchar las declaraciones que incorpora a su señal. La presencia de periodistas introduce un componente distinto, observación directa, posibilidad de formular preguntas, contrastar explicaciones, registrar circunstancias no contempladas en la comunicación oficial y decidir autónomamente qué elementos poseen valor informativo.
Por ello, el conflicto no se limita al acceso físico a una sala del Palacio Nacional. Plantea una discusión más amplia sobre los límites entre comunicación gubernamental y cobertura periodística.
Las oficinas de comunicación de una institución producen y distribuyen la versión oficial de sus actividades. Los medios, en cambio, tienen la función de observarlas, interrogarlas, contextualizarlas y elaborar información con criterios editoriales propios.
Cuando el acceso directo es sustituido exclusivamente por imágenes, transmisiones o comunicados producidos por la fuente, ambas funciones pueden terminar superponiéndose.
Un episodio políticamente sensible
El impasse ocurre además en un contexto en el que el Gobierno ha procurado proyectar una relación de apertura con los medios.
El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, había señalado recientemente que el presidente Abinader mantendría cercanía con la prensa, una declaración que elevó la atención sobre lo sucedido posteriormente con los reporteros acreditados.
No existe, a partir de las explicaciones oficiales ofrecidas, evidencia de que el episodio constituya por sí mismo una nueva política general de restricción de acceso al Palacio Nacional. Pero la manera en que fue manejada la cobertura del CNM establece un precedente que puede generar preocupación si el modelo de sustituir presencia periodística por contenido institucional comienza a extenderse a otras actividades de interés público.
La cuestión adquiere todavía mayor peso cuando se trata del Consejo Nacional de la Magistratura. Las decisiones de ese organismo inciden directamente sobre la composición de las altas cortes y, por tanto, sobre uno de los pilares institucionales del Estado dominicano.
El punto pendiente
La explicación de la Presidencia aclara por qué sus responsables de comunicación entendían que los medios recibirían el material necesario para informar sobre la reunión. No resuelve completamente, sin embargo, la pregunta que originó la controversia: por qué periodistas debidamente acreditados tuvieron que abandonar la sede gubernamental en lugar de permanecer en las áreas habilitadas para la prensa y realizar desde allí su trabajo.
Tampoco es equivalente impedir el ingreso a una sesión que, por su naturaleza o por disposición institucional, deba celebrarse sin presencia de medios, que retirar de la sede gubernamental a periodistas acreditados que se encontraban allí para trabajar.
Esa diferencia será determinante para establecer si lo ocurrido fue una decisión excepcional de organización de cobertura, un fallo de coordinación entre comunicación y seguridad o una señal de un criterio más restrictivo sobre el acceso periodístico.
El episodio deja así una discusión que va más allá del Palacio Nacional: la transparencia pública no depende únicamente de que el Gobierno suministre información, sino también de que los medios puedan obtenerla con independencia, formular sus propias preguntas y ejercer su función sin depender exclusivamente del relato producido por la institución que están llamados a fiscalizar.
