Editorial Vértice critico:
Universidad pública, ciencia y democracia interna en el umbral electoral.
La apertura del proceso electoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es además de un trámite del calendario académico: una coyuntura histórica. Cada elección en la universidad pública define además del perfil de sus autoridades, el sentido mismo de su autonomía, su compromiso social y su responsabilidad con el país.
El respeto riguroso a la normativa interna debe ser una condición innegociable. Los estatutos y reglamentos universitarios son garantías de la convivencia institucional. Las decisiones colegiadas, la consulta y el debido procedimiento constituyen la arquitectura democrática que preserva la pluralidad universitaria.
Sin deliberación horizontal no hay universidad moderna. El debate amplio, incluyente y respetuoso de las minorías es la savia que alimenta la vida académica. Una comunidad universitaria madura no teme a la discrepancia; la administra con altura. El disenso razonado fortalece los consensos.
Evaluar, capacitar y actualizar tanto al cuerpo docente como al personal administrativo requiere política pública universitaria sostenida, con lo cual sugerimos a los candidatos un compromiso colectivo. Del mismo modo, superar la precariedad tecnológica y avanzar hacia sistemas informatizados modernos, que dicho sea de paso no es solo una opción técnica; deber ser además una condición para la competitividad académica y la transparencia administrativa.
En el centro de cualquier proyecto universitario digno debe situarse la investigación. La docencia que no investiga reproduce; la universidad que no produce conocimiento depende. Elevar la investigación a eje estructural implica financiamiento estable, estímulos claros, carrera académica sólida y articulación con los problemas estratégicos del país.
La democracia interna también demanda renovación. Una participación estudiantil robusta y responsable fortalece el cogobierno. Pero la representación debe sustentarse en ética y capacidad, no en alianzas coyunturales. Los derechos adquiridos solo se sostienen cuando se ejercen con madurez política.
El manejo del recurso humano constituye otro campo decisivo. Erradicar el nepotismo y las prácticas clientelares no debe ser una aspiración retórica, sino una obligación moral en una institución financiada con recursos públicos. La carrera administrativa, la promoción justa y el respeto a los derechos laborales son pilares de estabilidad y eficiencia.
La transparencia presupuestaria completa el cuadro. La confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad dominicana depende de la claridad en el uso de los fondos. Cada peso invertido debe responder a prioridades académicas estratégicas, no a compromisos políticos internos.
Por encima de todo, la universidad pública está llamada a desempeñar un papel intelectual en la construcción nacional. No puede limitarse a expedir títulos; debe producir pensamiento científico, tecnológico y filosófico orientado a una sociedad más justa, respetuosa de los derechos humanos y libre de discriminaciones estructurales. La soberanía de un país comienza por la soberanía de su conocimiento.
Las elecciones universitarias, en consecuencia, lo que define es un modelo de universidad: o una institución atrapada en inercias burocráticas y lealtades faccionales, o una comunidad ética, democrática y científicamente activa. La decisión que se tome en las urnas internas resonará más allá de los muros del campus. Porque cuando la universidad se transforma, el país también lo hace.
