Una coalición de organizaciones sociales, feministas, sindicales, populares y políticas rechazó la decisión atribuida al Gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve integrantes de la misión diplomática de Cuba y sus familiares. Los firmantes reclaman explicaciones públicas al Ejecutivo, la revocación de la medida y advierten contra lo que consideran una subordinación de la política exterior dominicana a intereses extranjeros.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santiago de los Caballeros. Un grupo de organizaciones sociales, populares, feministas, sindicales y políticas dominicanas elevó este jueves el tono frente al Gobierno del presidente Luis Abinader, al rechazar de manera categórica la decisión de solicitar el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares acreditados en República Dominicana.
En un comunicado fechado el 20 de agosto de 2026 en Santiago de los Caballeros, las entidades califican la medida de “desproporcionada” e “injustificada” y demandan al Gobierno explicar públicamente las razones que llevaron a adoptarla.
El pronunciamiento coloca la controversia en un terreno que trasciende la relación bilateral con Cuba: la soberanía de la política exterior dominicana.
Las organizaciones sostienen que República Dominicana no debe adoptar decisiones internacionales condicionada por presiones de otras potencias y llaman a preservar los históricos vínculos políticos, culturales y de solidaridad existentes entre los pueblos dominicano y cubano.
Un rechazo frontal a la decisión
El documento afirma que las organizaciones se congregaron alrededor de tres principios: soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y defensa de los vínculos históricos entre Cuba y República Dominicana. Desde esa posición expresan un rechazo “enérgico e incondicional” a la medida que atribuyen al presidente Abinader y al Ministerio de Relaciones Exteriores desde el pasado 13 de agosto.
Para los firmantes, el retiro de los diplomáticos representa un retroceso en las relaciones entre Santo Domingo y La Habana y podría afectar el diálogo y la cooperación entre ambos Estados.
El comunicado sostiene además que la decisión carece de una explicación pública suficiente, argumento sobre el cual las organizaciones fundamentan su exigencia de transparencia al Poder Ejecutivo.
Cuestionan la legalidad de la medida
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento está relacionado con el Derecho Internacional.
Las organizaciones califican la medida como ilegal y sostienen que vulneraría principios contenidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, además de normas del Derecho Internacional consuetudinario. También invocan las resoluciones aprobadas durante décadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el embargo estadounidense a Cuba.
Estas afirmaciones corresponden a la interpretación jurídica y política de las entidades firmantes del comunicado.
La Convención de Viena contempla mecanismos mediante los cuales un Estado receptor puede declarar persona non grata a un integrante de una misión diplomática. Por ello, el cuestionamiento planteado por las organizaciones abre un debate que requeriría conocer formalmente qué mecanismo utilizó el Gobierno dominicano, cuáles fueron sus fundamentos y bajo qué circunstancias se produjo la solicitud de retiro.
Precisamente esa explicación oficial constituye una de las principales exigencias contenidas en el documento.
Acusan al Gobierno de actuar bajo presión de Washington
El comunicado formula además una acusación política de considerable alcance.
Las organizaciones sostienen que la decisión dominicana habría respondido a presiones de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. El documento presenta esa interpretación como evidencia de una subordinación de la política exterior dominicana a Washington.
El texto entregado a Vértice Crítico, sin embargo, no aporta documentos ni evidencias independientes que permitan demostrar esa atribución, por lo que corresponde presentarla como una denuncia de las organizaciones firmantes.
La coalición vincula igualmente el episodio con la política estadounidense hacia Cuba y considera que la decisión dominicana contribuye al aislamiento de La Habana y perjudica los mecanismos de cooperación construidos entre ambos países.
Exigen explicación y revocación inmediata
Más allá de la condena política, el documento formula demandas concretas.
Los firmantes exigen al Gobierno dominicano ofrecer una “explicación pública, clara y transparente” sobre las razones de la decisión y reclaman su revocación inmediata, junto con el mantenimiento de relaciones diplomáticas plenas y respetuosas entre República Dominicana y Cuba.
También reclaman preservar el diálogo y la cooperación bilateral y rechazan expresamente cualquier subordinación de la política exterior dominicana a “presiones, intereses o directrices de potencias extranjeras”.
El comunicado convierte así la salida de los funcionarios cubanos en una discusión más amplia sobre hasta dónde debe llegar la autonomía diplomática dominicana frente a sus principales socios internacionales.
Convocan a una respuesta social
Las organizaciones no limitan su pronunciamiento a una solicitud institucional.
También llaman a sectores sociales y populares, feministas, jóvenes, trabajadores, intelectuales, artistas y profesionales a expresar públicamente su oposición a la medida y defender los vínculos históricos entre los dos países.
El documento está suscrito por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, el Comité de Solidaridad con Cuba (Santiago), el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, la Comisión de los Derechos Humanos, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) y el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP).
También aparecen como firmantes el Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Patria para Todos/as (MPT), el Partido Poder Popular (PPP) y el Partido Comunista Maoísta (PCM).
Una controversia que entra al terreno de la política exterior
La declaración abre un nuevo frente de cuestionamiento alrededor de las relaciones entre República Dominicana y Cuba.
Para las organizaciones firmantes, el asunto no se reduce a la situación particular de nueve integrantes de una misión diplomática. Lo interpretan como una prueba sobre la capacidad del Estado dominicano para conducir su política exterior con independencia y preservar relaciones históricas aun en medio de las tensiones geopolíticas del Caribe.
Su mensaje final sintetiza esa posición, Cuba, sostienen, no debe ser aislada, mientras República Dominicana debe conservar autonomía en sus decisiones internacionales y privilegiar el respeto y la cooperación entre ambos pueblos.
Con la exigencia de una explicación oficial y de la revocación de la medida, once organizaciones dominicanas trasladan ahora la controversia desde el ámbito estrictamente diplomático hacia el debate político nacional.
