Por Luis Rodríguez | Vértice critico.
Santo Domingo. Desde las seis de la mañana de hoy lunes 27 de abril, varias ciudades del Cibao despiertan bajo el signo de la huelga y otras de la movilización. Convocada como “cívica y pacífica”, la jornada es, en realidad, un nuevo capítulo del pulso entre comunidades organizadas y un Estado acusado de incumplir promesas básicas.
San Francisco de Macorís, Moca, Navarrete. Nombres que vuelven a repetirse en el mapa de la protesta social dominicana. Detrás de la convocatoria, una constelación de organizaciones, desde la Coordinadora Popular Nacional hasta colectivos feministas, ambientales y comunitarios. Voceros como Osvaldo Brito insisten en el carácter legítimo del paro, "el costo de la vida, el abandono de infraestructuras, la ausencia de servicios esenciales".
En San Francisco de Macorís, el Estado respondió antes de que inicie la protesta con despliegue militar, presencia policial, control territorial. Una escenografía conocida que convierte cada huelga en una coreografía de anticipación y desconfianza. Del lado de los convocantes, figuras como Guanchy Comprés advierten que "la responsabilidad de cualquier escalada recaerá sobre las autoridades. El mensaje es clara "protestar es un derecho".
San Juan de la Maguana:
En el sur, la provincia de San Juan añade otra capa al malestar. Allí, la Asociación de Profesores de la UASD Recinto San Juan respalda la huelga contra proyectos mineros, enmarcando la protesta con demandas más amplia, como agua versus oro. No se trata solo de obras incumplidas, dicen, sino de decisiones estructurales tomadas sin consulta social y con potenciales daños irreversibles al medio ambiente.
De un modelo de gestión que acumula demandas no resueltas y de una ciudadanía que, cada vez más, convierte la calle en espacio de negociación. Entre consignas “el agua vale más que el oro”, “San Juan no se vende”, y patrullas en vigilancia, el país entra en otra jornada donde lo social y lo político se cruzan sin mediación clara.
El resultado, como siempre, no se medirá solo en calles vacías o comercios cerrados. Se medirá en algo más difícil de cuantificar: la distancia creciente entre el discurso oficial y la vida cotidiana.
