Abinader declara de utilidad pública los terrenos de las cuevas amenazadas por la minería y concede una victoria a ambientalistas, académicos y comunidades movilizadas
Por José Espinal Marcelo | Fotos José Espinal Marcelo | Vértice critico.
San Cristóbal. Durante semanas, las explosiones hablaron más fuerte que las advertencias. La roca cedía, el polvo avanzaba y las denuncias se acumulaban mientras uno de los complejos arqueológicos más importantes del Caribe veía acercarse el riesgo de una degradación irreversible. El pasado lunes, sin embargo, el ruido cambió de lado.
El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 393-26, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social varios terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, una decisión que llega después de una intensa ola de presión social y que los movimientos ambientalistas celebran como una de las victorias ciudadanas más significativas de los últimos años.
La medida ordena la adquisición de parcelas situadas en la parcela 405 del distrito catastral número 02 de San Cristóbal, área donde convergen intereses económicos vinculados a la extracción minera y uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos de República Dominicana. Los recursos para la operación serán aportados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Detrás del decreto hay una historia de movilización. Organizaciones comunitarias, colectivos ambientalistas, académicos y defensores del patrimonio histórico habían denunciado que las operaciones extractivas estaban provocando daños crecientes al sistema cavernario. La destrucción de la denominada "Cueva del Tándem" terminó convirtiéndose en símbolo de una disputa que trascendió el ámbito local y llegó al centro del debate nacional.
La Plataforma San Cristóbal, junto a numerosas organizaciones sociales, había convocado vigilias, protestas y jornadas de sensibilización para exigir la paralización definitiva de las actividades que amenazaban el monumento natural. Las imágenes de cuevas afectadas y las alertas sobre la fragilidad del ecosistema generaron una creciente indignación pública que terminó obligando a las autoridades a actuar.
El decreto también activa a varias instituciones del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Abogado del Estado y el Registro de Títulos deberán ejecutar las acciones administrativas y legales necesarias para formalizar la adquisición de los terrenos. Si no se alcanza un acuerdo económico con los propietarios, el Gobierno podrá recurrir a los mecanismos previstos en la Ley 492 de 1969 para garantizar la ejecución de la medida.
Más allá del procedimiento jurídico, la decisión tiene una dimensión política evidente. Constituye un reconocimiento implícito de que las advertencias realizadas por especialistas y organizaciones ambientales tenían fundamento. También confirma que la presión social sigue siendo capaz de alterar agendas institucionales cuando logra articularse alrededor de una causa legítima y ampliamente respaldada.
La Comisión Ambiental de la UASD:
Un papel relevante en este proceso fue desempeñado por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuyos informes y denuncias contribuyeron a visibilizar la gravedad de la situación. Lo que comenzó como una alerta técnica terminó convirtiéndose en un movimiento ciudadano de alcance nacional.
Para los defensores del Pomier, la firma del decreto no representa el final de la lucha, sino el comienzo de una nueva etapa. La protección legal deberá traducirse ahora en restauración ambiental, vigilancia permanente y garantías de que las amenazas que pusieron en peligro este patrimonio no volverán a repetirse.
Las cuevas permanecen donde siempre estuvieron, silenciosas y milenarias. La diferencia es que esta vez quienes levantaron la voz en su defensa lograron que el Estado escuchara.
