Por Fidel Soto Castro | Vértice crítico.
Antes de acusar a un sector comercial de practicar dumping, conviene recordar qué significa realmente ese concepto.
El dumping es una práctica de competencia desleal mediante la cual una empresa exporta productos a precios artificialmente inferiores a sus costos de producción o inferiores a los que vende en su propio mercado, con el propósito de eliminar competidores y, posteriormente, dominar el mercado.
La teoría económica y la Organización Mundial del Comercio (OMC) distinguen tres modalidades principales:
Dumping predatorio: vender deliberadamente por debajo del costo para quebrar a la competencia y luego imponer un monopolio.
Dumping persistente: vender de manera permanente en el exterior a precios inferiores a los del mercado interno para ampliar sus ganancias.
Dumping esporádico: colocar temporalmente excedentes de producción en mercados extranjeros a precios muy bajos para reducir inventarios.
Ninguna de estas definiciones queda demostrada en el editorial publicado por Diario Libre. El periódico utiliza el término, pero no aporta pruebas de que los comerciantes chinos estén vendiendo sistemáticamente por debajo de sus costos ni de que exista una estrategia dirigida a monopolizar el mercado dominicano.
Por el contrario, el artículo presenta una serie de afirmaciones que terminan convirtiendo una denuncia administrativa en una acusación general contra toda una comunidad comercial.
Se afirma que existe una "invasión comercial" que desplaza al comercio dominicano; se habla de prácticas que "rozan el dumping", de subvaluaciones toleradas y de privilegios otorgados por las autoridades, sin presentar evidencias concretas que demuestren un tratamiento preferencial hacia los comerciantes chinos.
Incluso, se sostiene que esa competencia está provocando el cierre masivo de negocios nacionales y la destrucción del tejido económico. Sin embargo, tampoco se ofrecen estadísticas que demuestren una relación directa entre esos cierres y la presencia del comercio chino.
El editorial culmina recurriendo, incluso, al Acta de Independencia para presentar la presencia comercial china como una especie de invasión extranjera. Se trata de una comparación más emocional que económica, que desvía la discusión del terreno de los hechos hacia el de las percepciones.
Ahora bien, si existen casos de contrabando, subvaluación o evasión fiscal, estos deben investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. Pero hacerlo sobre la base de la nacionalidad de los comerciantes constituye una generalización injusta.
El propio Diario Libre publicó, el 28 de mayo de 2024, que la Dirección General de Aduanas reinspeccionó más de 3,300 contenedores durante el año 2023 y detectó mercancías subvaluadas por un monto superior a RD$1,000 millones.
La propia información del periódico demuestra que las autoridades cuentan con mecanismos de fiscalización capaces de detectar irregularidades. Si esas prácticas fueron identificadas, debe aplicarse la ley contra quienes las hayan cometido, sin importar su origen.
La subvaluación no nació con la llegada del comercio chino. El contrabando, la evasión y la subvaluación forman parte de una vieja realidad del comercio de importación dominicano. Durante décadas, distintos sectores importadores, con la complicidad de funcionarios de diferentes gobiernos, se beneficiaron de esas prácticas ilícitas. Pretender presentar ahora ese fenómeno como si fuera exclusivo de comerciantes chinos constituye una interpretación parcial de un problema mucho más antiguo y complejo.
Tampoco es cierto que vender barato constituya, por sí mismo, dumping. Desde mucho antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Popular China, los comercios chinos ya se caracterizaban por ofrecer mercancías a precios más bajos. Esa política comercial responde al enorme desarrollo industrial de China, a sus economías de escala, a su capacidad de producción masiva y a la eficiencia de sus cadenas de suministro, no necesariamente a prácticas desleales.
Lejos de perjudicar únicamente a la economía nacional, ese comercio también ha beneficiado a millones de consumidores dominicanos, quienes hoy tienen acceso a una mayor variedad de productos a precios más asequibles. Esa realidad ha dinamizado el consumo, ha fortalecido numerosos pequeños comercios que revenden mercancías importadas y ha contribuido a mantener bajo control el costo de muchos bienes de uso cotidiano.
La competencia siempre genera ajustes en el mercado. Unos negocios desaparecen y otros nacen; unos se transforman y otros se modernizan. Esa es, precisamente, la dinámica de una economía abierta. Lo que corresponde al Estado es garantizar que esa competencia se desarrolle dentro del marco de la ley, no convertir el origen nacional de los comerciantes en el centro del debate.
Resulta oportuno recordar que, el 9 de febrero de 2022, el Gobierno presentó un moderno escáner de rayos X para fortalecer la inspección de contenedores y combatir el contrabando en el puerto de Haina.
Si esa tecnología fue instalada precisamente para detectar mercancías subvaluadas y contrabando, surge una pregunta inevitable:
¿Qué ha ocurrido con ese sistema de control? ¿Está funcionando con la eficacia prometida?
Si existen irregularidades, corresponde fortalecer la fiscalización y aplicar las sanciones correspondientes. Pero ello no justifica construir un discurso que termine señalando colectivamente a una comunidad empresarial por su nacionalidad.
En una economía de libre mercado, la competencia debe juzgarse por el cumplimiento de la ley y no por el origen de quienes participan en ella. Si existen contrabando, subvaluación o evasión fiscal, que se investiguen y sancionen con el mismo rigor, sin importar si los responsables son dominicanos, chinos o de cualquier otra nacionalidad.
Convertir la eficiencia comercial, los precios competitivos o el origen de una inversión en prueba de dumping constituye un error económico y una injusticia jurídica.
El verdadero deber del Estado no consiste en escoger ganadores ni perdedores del mercado, sino en garantizar igualdad de reglas para todos, combatir con firmeza el contrabando, la subvaluación y la evasión fiscal, proteger al productor nacional y defender el derecho de los consumidores a acceder a bienes de calidad a precios competitivos. Una economía moderna se fortalece cuando la ley se aplica sin privilegios ni discriminaciones, cuando la competencia es transparente y cuando el origen nacional de un empresario nunca sustituye las pruebas. Solo así se preservan el Estado de derecho, la confianza en las instituciones y el desarrollo económico del país.
