La Fuerza del Pueblo acusa al Ministerio de Medio Ambiente de opacidad, inacción y fragilidad jurídica en áreas protegidas.
Por José Espinal.
Santo Domingo. La política ambiental dominicana atraviesa, según la oposición, una zona de turbulencia. La Fuerza del Pueblo puso bajo los reflectores al Ministerio de Medio Ambiente, al que acusa de administrar los recursos naturales entre la improvisación burocrática y la debilidad jurídica. El diagnóstico fue presentado por Paino Abreu, responsable ambiental del partido, en un informe titulado Nubarrones en el Panorama Ambiental Dominicano.
En una conferencia marcada por un tono severo y referencias constantes al marco constitucional, Abreu sostuvo que el Estado está perdiendo control sobre su política de protección ecológica. “El sistema de salvaguarda ambiental no puede reducirse a cifras triunfalistas”, advirtió, cuestionando la narrativa oficial sobre la emisión de 6,500 autorizaciones en lo que va de 2025.
Más de 2,500 expedientes sin clasificación clara
La crítica central apunta a lo que Abreu denomina una “permisología opaca”. Según sus datos, más del 60 % de las autorizaciones corresponderían a certificaciones de impacto mínimo. Sin embargo, insiste en que alrededor de 2,500 expedientes carecen de una definición pública precisa: no se sabría si son licencias formales, permisos condicionados o simples constancias administrativas.
El dirigente sostiene que desde diciembre solicitó formalmente el detalle de esos actos administrativos sin obtener respuesta. Invoca la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y no descarta recurrir a un amparo para obligar a la institución a transparentar los documentos. La acusación es directa: relajación de controles y desdibujamiento de estándares técnicos.
Hatillo, agua turbia y silencio oficial
El segundo frente es sanitario y simbólico. La Presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, registra nuevamente una proliferación masiva de algas. El fenómeno, visible por la coloración verdosa del embalse, despierta inquietud por su impacto potencial en la generación energética, la producción piscícola y el abastecimiento de agua.
Abreu cuestiona la ausencia de un informe público conclusivo pese a que el Ministerio anunció la toma de muestras hace más de dos meses. “Un Estado que no comunica diagnósticos en tiempo oportuno erosiona la confianza ciudadana”, resumió, aludiendo a la necesidad de una evaluación integral de la cuenca del río Yuna.
Valdesia y la franja de protección bajo tensión
En el sur, el foco se traslada a la Presa de Valdesia. Allí, según denuncias comunitarias recogidas por la FP, un proyecto de extracción de sedimentos ejecutado por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana habría implicado la apertura de vías sobre el cauce del río Yubazo.
Abreu señala que la intervención afectaría la franja de protección de 30 metros establecida para los cursos de agua e incluso penetraría tramos del propio lecho fluvial. Exige la publicación íntegra del permiso ambiental, los estudios de impacto, la identidad de la empresa ejecutora y el destino de los materiales retirados. La sospecha, en clave política, es que la ingeniería hidráulica habría avanzado más rápido que el control regulatorio.
Jaragua, 12 millones de m² en litigio
El cuarto dossier es eminentemente jurídico. Una sentencia favorable a una empresa privada sobre más de 12 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua ha desatado alarma en la oposición. Abreu advierte que cualquier alteración sustantiva de los límites de un área protegida requeriría mayoría calificada en el Congreso, conforme al principio de supremacía constitucional e inalienabilidad del patrimonio natural.
A su juicio, la defensa del Estado ante el tribunal no habría sido lo suficientemente sólida en la presentación de pruebas sobre los límites oficiales del parque. El resultado, sostiene, podría sentar un precedente incómodo para otras zonas bajo régimen especial.
Una crisis estructural, según la oposición
Para la Fuerza del Pueblo, los cuatro episodios no son incidentes aislados sino expresiones de una fragilidad sistémica: opacidad administrativa, lentitud en la respuesta técnica y debilidad en la litigación estratégica. El Ministerio, replica Abreu, “está fallando en su rol constitucional”.
Desde el Gobierno no se ha emitido una respuesta detallada a las afirmaciones vertidas en el informe. Mientras tanto, el debate ambiental adquiere un cariz político más agudo: no solo se trata de algas, sedimentos o expedientes sin clasificar, sino del modelo de gobernanza ecológica que el país desea consolidar. En un territorio vulnerable al cambio climático y a la presión inmobiliaria, la batalla por la transparencia ambiental es también una disputa por el Estado mismo.
