La iniciativa plantea fortalecer la transparencia, la descentralización, la participación democrática, la eficiencia institucional y la rendición de cuentas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
F.E. | Vértice crítico.
Santiago de los Caballeros. El docente y catedrático universitario José Rafael de Luna Sánchez presentó una propuesta compuesta por quince políticas de buena gobernanza universitaria, con el propósito de que sean analizadas, discutidas y asumidas institucionalmente por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La propuesta parte del principio de que la gobernanza universitaria no se limita a la administración cotidiana ni al ejercicio formal de la autoridad, sino que comprende la manera en que la institución define sus prioridades, distribuye responsabilidades, adopta decisiones, administra sus recursos y responde ante la comunidad universitaria y la sociedad dominicana.
De Luna Sánchez sostiene que, por su condición de institución pública, autónoma, democrática, nacional y territorialmente extendida, la UASD necesita fortalecer permanentemente sus mecanismos de dirección, participación, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Las políticas propuestas abarcan la autonomía responsable y la defensa de la misión pública; la legalidad y la seguridad normativa; la creación de un Código de Buena Gobernanza; el cogobierno democrático; la participación plural; la claridad de las competencias institucionales; y el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas por los organismos universitarios.
También se propone avanzar hacia una descentralización responsable, mediante la transferencia progresiva de autoridad, recursos, información y capacidad administrativa a las facultades, recintos, centros y subcentros de la Universidad, permitiendo que las decisiones se tomen en el nivel más cercano a las necesidades de cada comunidad universitaria.
La iniciativa incluye, además, políticas de transparencia activa, gobierno abierto, rendición de cuentas integral, control independiente, integridad, ética y prevención de la corrupción. En ese sentido, plantea que las autoridades y unidades universitarias presenten informes periódicos sobre los recursos administrados, las decisiones adoptadas, los compromisos asumidos y los resultados alcanzados.
Otro de los componentes centrales es el fortalecimiento del mérito, la profesionalización y el liderazgo universitario. La propuesta promueve que el ingreso, la promoción y la designación en cargos académicos, administrativos y técnicos se realicen mediante perfiles definidos, concursos transparentes, evaluación de competencias y formación continua.
Asimismo, se plantea vincular la planificación institucional con el presupuesto, la ejecución y la evaluación de los resultados; fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad presupuestaria; implementar mecanismos de gestión de riesgos; y establecer un sistema integral de aseguramiento de la calidad que abarque la docencia, la investigación, la extensión, el posgrado, el bienestar, la infraestructura y la gestión administrativa.
La propuesta también dedica una atención especial a la equidad, la inclusión, el bienestar y la permanencia estudiantil, promoviendo el fortalecimiento de las becas, los servicios de salud, la orientación, el transporte, la alimentación, la conectividad, la accesibilidad, la atención psicológica y las políticas para prevenir la deserción.
En materia tecnológica, De Luna Sánchez propone establecer reglas institucionales para la gobernanza digital, la protección de datos, la ciberseguridad, la interoperabilidad de los sistemas y el uso responsable de la inteligencia artificial, garantizando siempre la supervisión humana, la transparencia y el derecho de las personas a solicitar la revisión de las decisiones automatizadas.
El documento concluye proponiendo que estas políticas sean traducidas en un Código de Buena Gobernanza Universitaria de la UASD, acompañado de responsables, plazos, indicadores de cumplimiento y mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación.
“La buena gobernanza no se alcanza únicamente aprobando nuevas normas o modificando organigramas. Requiere transformar las prácticas, profesionalizar la gestión, mejorar la circulación de la información y establecer responsabilidades claras por los resultados”, acotó De Luna Sánchez.
El catedrático universitario considera que la aplicación de estas políticas contribuiría a proteger la autonomía universitaria, reducir la discrecionalidad, agilizar los servicios, fortalecer la legitimidad de las decisiones y elevar la confianza de los profesores, los estudiantes, los servidores administrativos, los egresados y la sociedad dominicana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
