Los denunciantes solicitan al Ejército y al Ministerio de Defensa determinar bajo qué autoridad habría actuado el oficial y si existía una orden judicial que sustentara su participación.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo, República Dominicana. La familia Disla solicitó a las autoridades militares investigar la presunta participación de un general de brigada en actuaciones vinculadas a un intento de desalojo ocurrido en medio de una disputa por terrenos, un conflicto que los denunciantes sostienen debe ser resuelto exclusivamente por las instancias judiciales competentes.
La denuncia señala al general de brigada Perdomo Sánchez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana, y plantea interrogantes sobre las circunstancias y el fundamento jurídico bajo los cuales habría intervenido en el caso.
La familia no atribuye en su documento responsabilidad definitiva al oficial, pero reclama establecer si su actuación respondió a una disposición institucional, a una solicitud particular o a la ejecución de alguna decisión judicial.
Entre los aspectos que pide esclarecer figuran la eventual existencia de una orden de desalojo, el tribunal que habría dispuesto la medida, las instrucciones recibidas por el oficial y la documentación utilizada para justificar la presencia o participación militar.
Los denunciantes dirigieron su reclamo al comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, y al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, a quienes solicitan disponer una investigación sobre lo ocurrido.
Reclaman establecer si existió una orden judicial
El planteamiento de la familia se concentra en determinar si las actuaciones denunciadas estuvieron respaldadas por una orden judicial válida.
También pide precisar si existieron comunicaciones, informes, instrucciones u otros documentos institucionales relacionados con la participación atribuida al general Perdomo Sánchez.
Según los denunciantes, esclarecer esos elementos permitiría determinar si se trató de una actuación institucional del Ejército y, en caso afirmativo, identificar quién la autorizó y sobre qué fundamento jurídico.
La familia sostiene que sus cuestionamientos no persiguen establecer anticipadamente responsabilidad contra el oficial ni solicitar a las Fuerzas Armadas que decidan sobre la propiedad de los terrenos.
Su petición, afirma, busca delimitar el papel que pudieron desempeñar autoridades militares dentro de una controversia cuya titularidad y derechos asociados permanecen en discusión.
Una controversia de varias décadas
De acuerdo con la versión suministrada por la familia, el conflicto inmobiliario se remonta a varias décadas y comprende terrenos que habrían sido adquiridos originalmente por Andrés Avelino Disla Lugo.
Los reclamantes cuestionan posteriores actuaciones judiciales y registrales relacionadas con la titularidad, adjudicación, transferencia y posesión de esos inmuebles, por lo que consideran necesario que los procedimientos sean examinados por las autoridades competentes.
La familia, integrada por 24 hermanos y sus descendientes, sostiene además que durante décadas algunos de sus miembros han desarrollado actividades agrícolas vinculadas a las tierras objeto de la controversia.
Estas afirmaciones forman parte de la versión presentada por los denunciantes y deberán ser examinadas dentro de los procedimientos judiciales o administrativos correspondientes para establecer los derechos que alegue cada una de las partes.
Piden delimitar la actuación militar
Más allá de la disputa sobre la propiedad, la familia centra su reclamo público en determinar si organismos militares participaron en actuaciones relacionadas con el terreno y, en caso de confirmarse, establecer las circunstancias legales que justificaron esa participación.
Los denunciantes sostienen que una controversia inmobiliaria debe permanecer bajo conocimiento de los tribunales y de las instituciones civiles facultadas para determinar derechos de propiedad.
En ese contexto, plantean que la intervención de personal militar en un procedimiento de desalojo requeriría una base jurídica claramente identificable y reclaman que las autoridades informen si esa condición estuvo presente en el caso denunciado.
La familia solicita, finalmente, que el Ejército y el Ministerio de Defensa revisen sus archivos para establecer la existencia de órdenes, comunicaciones, informes o cualquier otra documentación relacionada con los hechos.
El documento de prensa mediante el cual fue formulada la denuncia está firmado, en representación de la familia Disla, por el periodista Julio Disla.
