Por la Redacción.
Santo Domingo. En las horas finales previas al vencimiento del plazo legal, varios altos funcionarios del Estado depositaron ante la Cámara de Cuentas sus declaraciones juradas de patrimonio, en cumplimiento de la Ley 311-14, norma que obliga a transparentar los bienes al asumir y al cesar funciones públicas.
La legislación es clara: los servidores públicos están compelidos a declarar, dentro de los 30 días posteriores a su juramentación, el conjunto de bienes que integran su patrimonio y el de su cónyuge. Bajo ese mandato, se produjo durante el cierre de la semana un flujo de entregas que coincidió con la fecha límite establecida.
Entre los expedientes depositados figura el de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, juramentada el 8 de enero, quien presentó su documentación el viernes en horas de la tarde, apenas un día antes del vencimiento del plazo. Según el registro oficial, su declaración entró en fase de evaluación para la verificación de la información suministrada.
Ese mismo día compareció ante la Cámara de Cuentas el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, cuya constancia de recepción quedó asentada en horas de la tarde, dentro del período que marca la ley. Igual proceder siguieron el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y el exdirector general de Impuestos Internos, Luis Valdez, quienes hicieron constar la entrega de sus documentos en la jornada del viernes.
De manera previa, el titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, había formalizado su declaración a mediados de la semana, mientras que también figura en los registros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, juramentado a inicios de enero.
Sin embargo, pese a las constancias de entrega difundidas por varios de los funcionarios, en el portal digital de consulta pública de la Cámara de Cuentas solo aparecen visibles dos declaraciones, lo que ha generado interrogantes sobre los tiempos y mecanismos de publicación de estos documentos, pieza clave del control ciudadano.
Desde la institución fiscalizadora se recordó que el acceso formal a los expedientes debe canalizarse conforme a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que establece un plazo administrativo para la entrega de la información solicitada.
La normativa vigente no se limita al inicio de la función pública. También obliga a presentar una declaración final de patrimonio dentro de los 30 días posteriores al cese en el cargo, deber que recae sobre varios exfuncionarios que recientemente concluyeron sus responsabilidades en áreas estratégicas del Estado.
El cumplimiento efectivo y oportuno de estas disposiciones constituye uno de los pilares para la transparencia, la rendición de cuentas y el control social sobre el manejo de los recursos públicos, principios que la ley consagra como garantías frente al uso indebido del poder.
