La redacción.
Santo Domingo.– La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) dispuso el inicio de una investigación de oficio al detectar señales consistentes de presunta colusión en un proceso de compras públicas vinculado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), gestionado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
La decisión, adoptada mediante resolución administrativa, coloca bajo escrutinio a tres agentes económicos —Ana Esmeralda Santana, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana— ante la existencia de patrones que, de manera preliminar, apuntan a una posible coordinación de ofertas, práctica expresamente prohibida por la legislación de competencia.
De acuerdo con los hallazgos iniciales, el órgano regulador identificó una serie de coincidencias relevantes en la documentación presentada durante el proceso licitatorio. Entre estas figuran vínculos societarios entre oferentes, el uso de proveedores comunes, cartas bancarias con numeración consecutiva y la presentación de documentos técnicos prácticamente idénticos, incluidos programas de control de plagas elaborados por la misma empresa y ejecutados por el mismo técnico, en fechas coincidentes.
Estos elementos, según precisó la Dirección Ejecutiva de ProCompetencia, podrían indicar la existencia de acuerdos orientados a distorsionar el resultado del procedimiento de contratación, en perjuicio de la libre competencia y del interés público.
La conducta observada encuadra, de forma preliminar, en el artículo 5, literal b, de la Ley núm. 42-08, que sanciona los acuerdos y prácticas concertadas destinadas a coordinar posturas en procesos de contratación.
ProCompetencia subrayó que la apertura del expediente no implica un juicio anticipado sobre la responsabilidad de las partes investigadas. El objetivo, puntualizó la institución, es verificar los indicios disponibles, garantizar el debido proceso y salvaguardar el derecho a la defensa, en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
Este caso inaugura el ciclo de investigaciones del año 2026, tras un período previo en el que el organismo registró un número significativo de actuaciones vinculadas a posibles infracciones al régimen de competencia, reafirmando el papel del Estado en la vigilancia de los procesos públicos y en la protección de los recursos destinados a programas sociales estratégicos.
