Editorial | Vértice crítico
La violencia no puede ser política de Estado.
Cada joven muerto a manos de un policía representa una derrota del Estado de derecho. El problema no es un agente "descontrolado"; es una institución que sigue permitiendo que el uso arbitrario de la fuerza se repita con alarmante frecuencia.
Una reforma policial que no reduce los abusos termina siendo un discurso, no una transformación. Mientras la vida de un ciudadano dependa del criterio de quien porta un arma y un uniforme, los derechos humanos seguirán siendo una promesa incumplida.
La seguridad nunca puede construirse sobre ejecuciones, abuso de poder o impunidad. Una Policía que no protege la vida pierde la autoridad moral para exigir respeto a la ley.
