Sexta entrega del análisis del Programa de Gestión 2026-2030 del rector Jorge Asjana David.
Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
Existe una pregunta que toda universidad pública debe responder, no solo en sus documentos institucionales, sino también en su práctica cotidiana: ¿para quién existe la universidad?
La respuesta parece sencilla, pero encierra una enorme responsabilidad. La universidad no existe únicamente para otorgar títulos profesionales ni para producir investigaciones que permanezcan archivadas en bibliotecas especializadas. Su existencia adquiere sentido cuando el conocimiento que genera logra transformar positivamente la vida de la sociedad y nación que la sostiene.
Ese principio constituye el núcleo del eje Compromiso Social, uno de los componentes más profundamente humanistas del Programa de Gestión 2026-2030 del doctor Jorge Asjana David. El documento establece como objetivo estratégico articular la UASD con el desarrollo territorial, productivo y comunitario del país, fortaleciendo la extensión universitaria, la vinculación con las MIPYMES, las comunidades rurales y las políticas de inclusión.
Se trata de un gran planteamiento. En realidad, representa una declaración de principios sobre el papel que debe desempeñar la Primada de América en la República Dominicana del siglo XXI.
Durante décadas, la UASD ha sido reconocida como una institución estrechamente vinculada a las grandes luchas democráticas, sociales y culturales del país. Esa identidad forma parte de su patrimonio histórico. Sin embargo, los desafíos contemporáneos exigen ampliar el concepto tradicional de compromiso social. Ya no basta con ser una universidad abierta al pueblo; es necesario convertirse en una universidad capaz de intervenir activamente en la solución de los problemas nacionales mediante el conocimiento, la investigación, la innovación y la extensión.
Precisamente allí reside uno de los mayores aciertos del programa.
El documento propone fortalecer las distintas instancias universitarias dedicadas a la extensión, entendiendo que esta debe consolidarse como un eje estratégico capaz de conectar el conocimiento académico con las necesidades reales de la sociedad. La universidad, plantea el texto, debe llevar a las comunidades propuestas educativas, culturales, científicas y tecnológicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida, asumiendo así su responsabilidad social como agente activo de transformación y equidad territorial.
Esta visión rompe con una concepción tradicional que limitaba la extensión universitaria a actividades culturales o eventos ocasionales. Aquí la extensión aparece como una función sustantiva de la universidad, tan importante como la docencia y la investigación.
El programa también propone fortalecer las alianzas con comunidades, organizaciones sociales y entidades gubernamentales para desarrollar intervenciones conjuntas de mayor impacto. Esta orientación resulta especialmente pertinente porque reconoce que los problemas sociales contemporáneos son demasiado complejos para ser enfrentados desde una sola institución. La cooperación, el trabajo en red y la articulación interinstitucional constituyen hoy condiciones indispensables para producir cambios sostenibles.
Otro aspecto que merece una valoración positiva es la incorporación explícita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y de la Estrategia Nacional de Desarrollo como referentes para la acción universitaria. Esa decisión proyecta a la UASD como una institución alineada con los grandes desafíos nacionales e internacionales relacionados con el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, la reducción de las desigualdades y la inclusión social.
Especial relevancia adquiere el apartado dedicado a la promoción de proyectos vinculados con el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género y la educación ciudadana. El documento reconoce que la universidad posee un papel esencial en la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva, impulsando iniciativas que trasciendan el aula y fortalezcan la formación integral del estudiantado.
Quizá uno de los elementos más significativos del eje sea la decisión de abordar la igualdad de género y la erradicicación de la violencia como un compromiso institucional transversal. El programa plantea promover acuerdos, cátedras, programas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades, la cultura de paz y la cero tolerancia frente a toda forma de discriminación y violencia basada en género, involucrando tanto al personal docente como al administrativo y estudiantil.
Desde una perspectiva académica, esta propuesta resulta coherente con el papel que históricamente han desempeñado las universidades públicas como espacios de construcción democrática y promoción de derechos.
El documento también concede especial importancia a la participación activa de estudiantes y egresados en proyectos sociales y comunitarios. Más que una estrategia de voluntariado, esta propuesta busca fortalecer el sentido de pertenencia, la responsabilidad ciudadana y el compromiso ético de quienes se forman en la institución. La experiencia demuestra que el aprendizaje alcanza una dimensión mucho más profunda cuando el conocimiento académico dialoga con las realidades sociales del país.
Sin embargo, este eje enfrenta desafíos que exigirán liderazgo institucional y capacidad de ejecución.
El primero consiste en evitar que el compromiso social permanezca limitado al ámbito de la Vicerrectoría de Extensión. Si realmente se aspira a una universidad comprometida con el desarrollo nacional, la responsabilidad debe involucrar a todas las facultades, escuelas, institutos de investigación y centros regionales. El compromiso social no puede convertirse en una actividad paralela; debe constituir un componente transversal del modelo educativo.
El segundo desafío será construir mecanismos objetivos para evaluar el impacto de las acciones desarrolladas. Las universidades suelen medir con relativa facilidad el número de estudiantes graduados o de investigaciones publicadas, pero resulta mucho más complejo valorar cuánto han contribuido sus proyectos a transformar comunidades, fortalecer organizaciones sociales o mejorar políticas públicas. Diseñar indicadores que permitan medir ese impacto será una tarea indispensable para consolidar este eje.
Existe además un tercer reto que considero especialmente importante: preservar el equilibrio entre compromiso social y excelencia académica. Una universidad pública debe estar al servicio de la sociedad, pero ese servicio solo será verdaderamente útil si descansa sobre conocimiento científico, rigor metodológico y producción académica de calidad. La vinculación con las comunidades no puede sustituir la investigación; debe alimentarse de ella.
Hay una frase con la que concluye el documento que resume el espíritu de esta propuesta: el rector sostiene que presidir la universidad significa escuchar, dialogar y construir consensos, y define su visión como la de una UASD transparente, participativa y profundamente comprometida con el desarrollo social y democrático de la nación.
Al terminar la lectura de este eje queda una convicción. La verdadera grandeza de una universidad pública se mide por el número de profesionales que gradúa y por el prestigio de sus investigadores; y además, por su capacidad para mejorar la vida de las personas, fortalecer la democracia, reducir las desigualdades y contribuir al desarrollo nacional.
La UASD nació hace casi cinco siglos como la primera universidad del continente americano. Pero su vigencia futura dependerá de algo mucho más importante que su historia: de su capacidad para demostrar, cada día, que el conocimiento solo alcanza su máximo valor cuando se pone al servicio de la sociedad.
