Parques bajo asedio: cuando el título vale más que el bosque.
Algunas agrupaciones han ido más lejos al sugerir que detrás de ciertos reclamos territoriales subyacen raíces históricas de propiedad cuestionada desde la caída de la dictadura.
Por J. Espinal Marcelo.
En República Dominicana, la defensa de la naturaleza ha dado un giro que puede redefinir la relación entre poder, propiedad y territorio. La Procuraduría General ha decidido mirar de frente un fenómeno que por años se susurraba en pasillos técnicos y despachos privados: la conversión silenciosa de áreas protegidas en activos inmobiliarios mediante engranajes jurídicos.
La orden es amplia y ambiciosa. No se limita a perseguir ocupaciones físicas o desmontes evidentes. Apunta a revisar la anatomía legal de los títulos, los actos administrativos que los respaldan y las transacciones que los legitiman. La hipótesis implícita se trata: detrás de ciertos certificados de propiedad podría existir algo más que errores técnicos; podría haber arquitectura deliberada para transformar patrimonio público en dominio privado.
El alcance geográfico no es menor. Desde zonas montañosas que alimentan los sistemas hídricos hasta franjas costero-marinas de altísimo valor ecológico y turístico, el mapa investigado coincide con las áreas donde la tierra se ha vuelto más codiciada. Allí confluyen intereses económicos, turismo de lujo, narrativas de “desarrollo” y, en ocasiones, una institucionalidad vulnerable a presiones.
El movimiento de la Procuraduría introduce un cambio de enfoque significativo: los delitos ambientales no serán tratados como infracciones marginales, sino como estructuras con posibles conexiones a corrupción administrativa, falsificación documental y blanqueo de activos. Es decir, como fenómenos sistémicos. Ese reenfoque reconoce algo que los ambientalistas han repetido durante años: despojar un parque nacional rara vez es obra de un improvisado; requiere asesoría técnica, complacencia institucional y capital suficiente para sostener litigios prolongados.
El telón de fondo es una decisión judicial reciente que ha reactivado un viejo debate sobre los límites reales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una sentencia vinculada a terrenos dentro de un parque emblemático ordenó actuaciones que organizaciones civiles consideran una amenaza directa a la integridad del área. Más allá del expediente concreto, la controversia revela una tensión persistente: ¿es la categoría de parque nacional una protección absoluta o una línea flexible susceptible de reinterpretaciones?
Algunas agrupaciones han ido más lejos al sugerir que detrás de ciertos reclamos territoriales subyacen raíces históricas de propiedad cuestionada desde la caída de la dictadura. Si tales afirmaciones fueran verificadas judicialmente, el conflicto no sería solo ambiental, sino patrimonial y moral: una disputa entre la memoria republicana y la persistencia de privilegios heredados.
La decisión de conformar un equipo multidisciplinario ((que incluye especialistas en corrupción, lavado de activos, medio ambiente e investigación inmobiliaria), sugiere que el Ministerio Público reconoce la complejidad del desafío. Revisar títulos implica atravesar capas de registros, archivos, resoluciones administrativas y sentencias previas. Implica, también, enfrentar intereses económicos que rara vez permanecen pasivos.
El riesgo político es evidente. Defender áreas protegidas puede traducirse en fricciones con sectores empresariales e incluso con actores institucionales. Pero el riesgo mayor sería la inacción. En un país cuya economía depende en buena medida de su atractivo natural, permitir la erosión legal de sus parques equivale a socavar la base misma de su modelo productivo.
En última instancia, el debate rebasa la estricta legalidad. Se trata de decidir si la naturaleza es un bien transable cuando el expediente lo permite, o un patrimonio intergeneracional cuya protección debe prevalecer frente a interpretaciones convenientes. Si la ofensiva actual logra establecer precedentes claros (tanto penales como administrativos), podría redefinir el costo de apropiarse del bosque con un sello y una firma.
La pregunta, ahora, no es solo cuántos metros cuadrados están en disputa. Es si el Estado dominicano está dispuesto a defender, sin ambigüedad, la idea de que un parque nacional no es un lote en pausa, sino un límite infranqueable.
