El dirigente de la ADP acusa al diputado Nicolás Hidalgo de intentar criminalizar la lucha magisterial y advierte que descontar salarios a quienes protestan equivale a penalizar un derecho constitucional.
Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
"La disputa no gira únicamente en torno a salarios. Tampoco se limita a una diferencia entre un legislador y un dirigente sindical". Lo que está en juego, según el profesor Sixto Gabín, "es el derecho mismo de los trabajadores a levantar la voz cuando consideran que sus reclamos no encuentran respuesta".
La propuesta presentada por el diputado Nicolás Hidalgo, que busca autorizar descuentos salariales a los maestros que participen en jornadas de protesta, encontró una respuesta inmediata y frontal desde el movimiento magisterial. Para Gabín, la iniciativa no representa una medida administrativa ni un mecanismo de control laboral; "constituye un intento de disciplinamiento político dirigido contra uno de los sectores más organizados de la sociedad dominicana".
“El derecho a la protesta no es una concesión del poder; es una conquista histórica de los trabajadores”, sostuvo el dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al rechazar una propuesta que considera incompatible con los principios democráticos y con las garantías establecidas en la Constitución.
Desde su perspectiva, la medida parte de una lógica peligrosa; "Se trata de transformar una reivindicación laboral en una falta sancionable económicamente". Subrayando que se trata de "Obligar al maestro a escoger entre su salario y su derecho a reclamar mejores condiciones para la educación pública".
Gabín fue más allá y acusó al legislador de desconectarse de la realidad que enfrentan miles de docentes en las aulas del país. Según afirmó, quienes imparten clases en escuelas afectadas por carencias materiales, sobrepoblación estudiantil y limitaciones presupuestarias conocen de primera mano las dificultades que atraviesa el sistema educativo.
“Pretender silenciar esas voces mediante castigos económicos es una agresión a la dignidad del maestro dominicano”, expresó.
El dirigente sindical también cuestionó la utilidad política de la iniciativa y lanzó una crítica directa al desempeño de Hidalgo en el Congreso Nacional. A su juicio, el legislador ha preferido promover medidas contra los docentes en lugar de impulsar soluciones a los problemas estructurales que afectan a la provincia Duarte y al sistema educativo nacional.
La controversia reabre un debate recurrente en América Latina: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando intenta regular la protesta social? Para sectores sindicales, la respuesta es clara. Ninguna democracia sólida puede construirse limitando los derechos colectivos de quienes trabajan.
Desde la ADP advierten que la propuesta podría convertirse en un precedente peligroso para otros sectores laborales. Hoy son los maestros; mañana podrían ser los médicos, los empleados públicos o cualquier trabajador que decida ejercer el derecho a la movilización.
Para Gabín, el problema además de jurídico, es también simbólico. “Cuando se castiga a quien protesta, se envía el mensaje de que reclamar justicia tiene un precio”, sostiene.
"Y ese", concluye el dirigente magisterial, "es un costo que una sociedad democrática no debería estar dispuesta a pagar".
