Por Luís Rodríguez.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), condenó enérgicamente lo que calificó como un proceder abusivo por parte de la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, quien impuso medidas cautelares contra los comunicadores Ramón Miguel Gutiérrez Jerez y Joan René Santana, en un proceso sustentado en acusaciones de difamación, injuria y calumnia.
En declaración ofrecida ante la prensa, el presidente del gremio, Luis Pérez, denunció que la decisión judicial constituye una extralimitación de funciones que atenta contra principios esenciales consagrados en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Subrayó que tales disposiciones configuran un precedente preocupante en un contexto donde el derecho a informar debe ser resguardado con rigor.
El CDP cuestionó particularmente la imposición de una garantía económica de RD$500 mil, así como la obligación de presentación periódica e impedimento de salida del país dictadas contra Gutiérrez, mientras que a Santana se le impuso igualmente la presentación periódica ante el tribunal. Para la organización, estas medidas resultan desproporcionadas y carentes de justificación en ausencia de una sentencia definitiva.
El gremio enfatizó que la exigencia de pago para cesar una medida de arresto preventivo, previo a un fallo judicial, vulnera garantías fundamentales y contradice principios elementales del debido proceso. En tal sentido, anunció que una vez formalmente notificada la resolución, procederá a su impugnación por las vías legales correspondientes.
De acuerdo con lo expuesto, el origen del caso se encuentra en la divulgación realizada por Gutiérrez de los resultados de una auditoría relativa a la gestión del exdirector policial Ramón Antonio Guzmán Peralta en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, donde se habrían identificado irregularidades administrativas ascendentes a más de RD$441 millones.
Según el CDP, dicha información fue canalizada hacia instancias competentes, incluyendo el Poder Ejecutivo y organismos especializados en la persecución de la corrupción administrativa, lo que refuerza (a su juicio), el carácter de interés público de la denuncia.
En ese orden, el dirigente periodístico Olivo de León exhortó a los medios de comunicación y a la sociedad dominicana a mantenerse vigilantes ante decisiones que puedan erosionar derechos fundamentales. Advirtió que el uso indebido de las estructuras de poder, sin ponderar sus implicaciones, constituye una amenaza directa al libre ejercicio del periodismo y al derecho ciudadano a estar informado.
El CDP reiteró su compromiso con la defensa de la prensa y llamó a la unidad del sector frente a cualquier intento de coartar las libertades democráticas conquistadas.
