La nueva fase del caso coloca bajo investigación a médicos, empleados y particulares. El Ministerio Público documenta 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por RD$41.1 millones y sostiene que fueron utilizados datos reales de asegurados para cobrar servicios que estos no recibieron.
Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. La denominada Operación Cobra 2.0-A ha abierto una dimensión particularmente sensible del expediente SeNaSa, la presunta utilización de la propia estructura de autorizaciones del Seguro Nacional de Salud para convertir datos de afiliados en reclamaciones médicas por servicios que, según el Ministerio Público, nunca fueron solicitados ni recibidos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), atribuye a empleados y exempleados de SeNaSa, médicos y particulares la ejecución de 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por RD$41,125,551.02, registradas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
La cifra, sin embargo, requiere una precisión, los RD$41.1 millones corresponden a esta línea específica de investigación y no representan la totalidad del perjuicio económico atribuido por el Ministerio Público a las diferentes ramificaciones del caso SeNaSa.
El afiliado existía; el servicio, presuntamente no.
Uno de los elementos más relevantes del expediente es el mecanismo que habría permitido producir las reclamaciones.
Según la tesis del Ministerio Público, eran utilizados datos auténticos de afiliados para gestionar autorizaciones correspondientes a consultas especializadas y procedimientos médicos. Los investigadores sostienen que se seleccionaban preferentemente asegurados con poco historial de utilización del seguro, lo que habría reducido las posibilidades de que detectaran reclamaciones realizadas a su nombre.
Posteriormente se generaba la documentación necesaria para completar la facturación. Las pesquisas incluyen testimonios de afiliados que negaron haber solicitado o recibido los servicios registrados y experticias sobre firmas que, en determinados casos, no corresponderían a las de los asegurados.
Entre las anomalías detectadas figura una especialmente reveladora de las debilidades de control, consultas ginecológicas registradas a nombre de afiliados masculinos, quienes posteriormente negaron haber recibido esos servicios.
El dato trasciende lo anecdótico. Si la acusación logra probarse, plantea interrogantes sobre la capacidad que tenía el sistema para identificar incompatibilidades elementales antes de autorizar y pagar determinadas reclamaciones.
Del expediente médico al movimiento del dinero.
La investigación no se limita a reconstruir autorizaciones.
El Ministerio Público sostiene que, una vez efectuado el pago por servicios presuntamente inexistentes, algunos médicos habrían entregado entre 40 % y 60 % de lo cobrado a integrantes de la estructura investigada.
Los fiscales también siguieron movimientos financieros. Según documentos de la investigación divulgados públicamente, una cuenta vinculada a uno de los principales investigados recibió aproximadamente RD$27.3 millones en transferencias entre 2020 y 2025. Al consolidar varias cuentas, las autoridades identificaron RD$64.8 millones en créditos y RD$64.4 millones en débitos, movimientos que el Ministerio Público contrasta con los ingresos salariales formales atribuidos al investigado.
Estas operaciones forman parte de la tesis acusatoria y deberán ser sometidas al contradictorio judicial.
37 allanamientos y 25 sometidos
La Operación Cobra 2.0-A fue desplegada el viernes 18 de septiembre mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Inicialmente fueron arrestadas 28 personas. En el operativo participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales, además de unidades especializadas.
Tras los interrogatorios, el Ministerio Público presentó solicitud de medida de coerción contra 25 personas, entre ellas profesionales de la medicina, empleados de SeNaSa y particulares.
La Pepca solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo. El expediente presentado para sustentar la medida de coerción contiene 525 páginas. La audiencia está pautada para este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los abogados de algunos imputados han cuestionado la necesidad de prisión preventiva y sostienen que sus representados poseen arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad.
Una investigación que se desplaza hacia la operación cotidiana.
La importancia de SeNaSa 2.0 reside también en el cambio del objeto inmediato de la investigación.
Mientras etapas anteriores colocaron el énfasis sobre antiguos funcionarios, decisiones administrativas y proveedores, Cobra 2.0-A lleva la pesquisa hacia el terreno donde una aseguradora convierte una solicitud médica en autorización y posteriormente en pago.
La Procuraduría sostiene que el entramado general investigado recurrió a mecanismos diversos: sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos supuestamente no suministrados, utilización de documentos y sellos médicos falsos y adulteraciones financieras, entre otras maniobras.
Esto convierte el expediente en algo más que una discusión sobre cuánto dinero habría sido sustraído.
La cuestión que comienza a emerger es cómo los controles internos pudieron ser presuntamente vulnerados durante años utilizando identidades reales, autorizaciones médicas y canales ordinarios de pago.
El desafío institucional.
SeNaSa administra recursos públicos y ofrece cobertura sanitaria a millones de personas. Por esa razón, una reclamación ficticia no tendría únicamente una dimensión contable.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, ha explicado que cargar procedimientos inexistentes a un afiliado puede reducir la cobertura disponible para esa persona, aunque jamás haya recibido la prestación facturada.
Ahí aparece una de las aristas menos visibles del expediente, detrás de cada autorización presuntamente falsa existe un ciudadano cuya identidad sanitaria habría sido utilizada y cuyos beneficios podían resultar afectados.
El proceso judicial deberá establecer responsabilidades individuales, determinar cuáles elementos de la acusación pueden ser probados y garantizar a cada imputado el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Pero independientemente de ese resultado, la investigación coloca sobre la mesa preguntas institucionales que también requieren respuestas: qué controles fallaron, durante cuánto tiempo permanecieron vulnerables, quién tenía capacidad para acceder a los datos de los afiliados, qué mecanismos de auditoría permitían detectar patrones anómalos y qué modificaciones se han introducido para impedir que operaciones similares puedan repetirse.
La audiencia de este lunes comenzará a decidir la situación procesal de los 25 imputados.
La investigación de fondo, en cambio, apenas comienza a mostrar hasta dónde pudieron extenderse las vulnerabilidades dentro del sistema público de aseguramiento sanitario.
