El ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas denuncia ejecuciones sin debido proceso en alta mar y cuestiona el silencio de los gobiernos insulares ante la ofensiva antinarcóticos estadounidense.
Por Vértice critico (Redacción internacional).
En el Caribe oriental, donde el mar separa islas pero entrelaza destinos, el debate supera lo diplomático: es también territorial, casi táctico. Ralph Gonsalves, histórico dirigente de San Vicente y las Granadinas, ofreció una declaración que suena más a arenga que a comunicado oficial.
El ex primer ministro (en el cargo entre 2001 y 2025 y hoy líder de la oposición), acusó a Estados Unidos de incurrir en una “barbarie contraria a los valores estadounidenses y al derecho internacional” tras una operación militar contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe que dejó tres fallecidos, supuestamente ciudadanos de Santa Lucía.
Un choque en campo abierto
En declaraciones radiales, Gonsalves trazó una línea roja: “Cualquier pena que se aplique debe ser ejecutada por un tribunal. No se puede ejecutar a personas en el mar”. Más que una denuncia aislada, el político veterano planteó una cuestión estructural: ¿Quién arbitra la justicia en aguas internacionales cuando la lucha contra el narcotráfico se militariza?
El episodio recuerda que el Caribe no es solo una ruta estratégica para el tráfico de drogas, sino también un espacio donde confluyen soberanías frágiles y potencias con capacidad de proyección marítima. En ese tablero, cada intervención extranjera se percibe como una jugada que puede alterar el equilibrio regional.
Silencio en el vestuario caribeño
Gonsalves también apuntó contra la pasividad de otros líderes insulares. Si no se pueden denunciar públicamente estos hechos (advirtió), “es mejor declararse esclavo de Estados Unidos”. La frase, dura y calculada, busca despertar conciencia en lo que él considera un bloque regional demasiado prudente ante Washington.
El Caribe, acostumbrado a negociar cooperación en seguridad a cambio de asistencia técnica y económica, enfrenta ahora una disyuntiva: respaldar las operaciones antinarcóticos de la potencia hemisférica o exigir mayor respeto a las jurisdicciones nacionales y a los estándares del derecho internacional.
Entre la seguridad y la soberanía
La cuestión no es menor. Las redes de narcotráfico se han sofisticado, utilizan embarcaciones rápidas y rutas cambiantes, y desbordan la capacidad de muchas policías insulares. Estados Unidos argumenta la necesidad de actuar con rapidez operativa. Sus críticos, en cambio, reclaman que la eficacia no puede sustituir al debido proceso.
Gonsalves ha convertido el incidente en un punto de presión política. No ocupa ya el despacho principal en Kingstown, pero mantiene influencia y voz. En un Caribe donde la diplomacia suele ser discreta, su intervención introduce un tono combativo y abre un debate que va más allá del caso concreto: el de los límites entre cooperación en seguridad y autonomía soberana.
Como en cualquier partido de alta intensidad, el resultado dependerá tanto de la estrategia como del consenso regional. Y el Caribe, pequeño en extensión pero grande en sensibilidad política, sabe que cada movimiento en sus aguas tiene eco más allá del horizonte.
