Por Luís Rodríguez.
El presidente Luis Abinader inauguró la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos con una mezcla de discurso política y cálculo urbano. El nuevo tramo, de 7.3 kilómetros y cinco estaciones, conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con uno de los municipios más densos y congestionados del oeste metropolitano. Para el Gobierno, es la culminación de un “anhelo legítimo”; para sus críticos, una obra tardía, costosa y técnicamente cuestionada.
La expansión beneficiará, según cifras oficiales, a más de medio millón de usuarios directos y podría elevar la demanda total del sistema a 650,000 pasajeros diarios, acercándose al objetivo simbólico del millón. En términos de política pública, la apuesta es reducir hasta dos horas diarias de desplazamiento para miles de trabajadores que viven en la periferia y laboran en el centro. En términos políticos, es mostrar capacidad de ejecución en un país donde la movilidad es sinónimo de calidad de vida.
El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, celebró lo que describió como la salida del municipio de su “invisibilidad histórica”, proyectándolo como un nodo logístico cercano a Haina, al aeropuerto del Higüero y a Las Américas. El discurso municipal apunta a un reposicionamiento territorial.
Desde la operación técnica, Jhael Isa Tavárez, director de la Empresa Metropolitana de Transporte, calificó la Línea 2C como la mayor expansión en la historia del sistema, subrayando que el Metro moviliza hoy unos 400,000 usuarios diarios, cifra que crecería de forma sustancial con la integración del teleférico y las rutas alimentadoras.
Pero la infraestructura rara vez es solo concreto y acero; es también percepción. En redes sociales y en la oposición política han proliferado cuestionamientos sobre la calidad de la construcción, la tardanza respecto a los cronogramas iniciales y la supervisión técnica. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, la ha descrito como “mala, fea y cara”, una síntesis eficaz para tiempos electorales. Otros señalan denuncias sobre posibles vicios constructivos y reclaman auditorías más transparentes.
El Gobierno responde con números: una inversión aproximada de 7,100 millones de pesos, estándares técnicos cumplidos y una fase inicial gratuita hasta Semana Santa, con horarios limitados, como estrategia para socializar el servicio. La gratuidad inicial funciona tanto como ensayo operativo (la clásica “marcha blanca”), como gesto político de apropiación ciudadana.
La cuestión de fondo no es si Los Alcarrizos necesitaba el Metro (la congestión crónica ofrece su propia respuesta), sino si la expansión del transporte masivo está siendo acompañada por una planificación urbana coherente. Sin integración tarifaria efectiva, sin densificación ordenada alrededor de estaciones y sin control del crecimiento informal, el tren corre el riesgo de ser solución parcial a un problema estructural.
Con la Línea 2C, el Estado dominicano extiende los rieles de su principal sistema ferroviario hacia un territorio históricamente marginado del diseño urbano formal. Si la promesa oficial se cumple, la periferia estará más cerca del centro. Si las críticas prosperan, el debate sobre calidad, costo y gobernanza pública acompañará cada trayecto.
Por ahora, los trenes avanzan. Y con ellos, una narrativa gubernamental que presenta la movilidad como política social en movimiento.
