Transparencia en precios y coherencia económica se convierten en el eje del cuestionamiento al Gobierno frente al alza de los combustibles.
Por José Espinal.


Santo Domingo. En medio de la volatilidad internacional marcada por los conflictos en Medio Oriente, el debate sobre los precios de los combustibles en República Dominicana se desplaza del terreno técnico al político. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y el Frente Amplio (FA), convergen en un diagnóstico critico, "la factura de la crisis global no se distribuye de forma equitativa y amenaza con recaer, una vez más, sobre la clase media y los sectores empobrecidos".

Desde el liderazgo religioso, el pastor Feliciano Lacen Custodio advierte que la clase media (tradicionalmente excluida de los mecanismos directos de compensación estatal), queda expuesta a un deterioro silencioso pero sostenido de su poder adquisitivo. El llamado a “apretarse los bolsillos” se presenta como una exhortación a la prudencia, pero también como reconocimiento implícito de que las políticas de contención resultan insuficientes frente a un entorno internacional adverso.
Sin embargo, la crítica no se detiene en la coyuntura externa. Codue introduce un elemento estructural: el riesgo de que las crisis internacionales funcionen como coartada para distorsiones internas. La organización exige transparencia en la fijación de precios, supervisión efectiva y sanciones concretas contra prácticas especulativas. La preocupación apunta a una cadena de intermediación donde, según su lectura, se incuban aumentos arbitrarios que amplifican el impacto social.
Al mismo tiempo, el Frente Amplio endurece su critica y dirige sus cuestionamientos al Ejecutivo. La organización observa inconsistencias en el discurso oficial del presidente Luis Abinader, señalando que la apelación a la crisis internacional no explica por qué, en contextos similares, se adoptaron respuestas distintas. Para el FA, el problema no es solo el alza de los combustibles, sino la arquitectura de una política económica que, a su juicio, carece de coherencia y previsibilidad.
El cruce de voces (religiosas y políticas), revela una crisis más profunda: la preocupación por la situación económico en tiempos de incertidumbre. Entre llamados a la austeridad y denuncias de opacidad, se perfila una interrogante no formulada pero latente, quién absorbe realmente el costo de la crisis cuando el mercado se ajusta y el Estado administra sus márgenes de intervención.

































