Por José Espinal Marcelo | Vértice critico.
Santiago, República Dominicana. El sistema de transporte público en el norte del país comienza a mostrar señales de crisis estructural a medida que el alza en los precios de los combustibles erosiona los márgenes operativos de miles de choferes, generando riesgos de incrementos en las tarifas.

La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), a través de su vocero y líder, Juan Marte, advirtió que los costos de operación han escalado de forma sostenida en corredores que conectan Villa Bisonó, Villa González y el área metropolitana de Santiago de los Caballeros. En estas rutas, algunos conductores han comenzado a aplicar aumentos de pasaje de manera unilateral, reflejando un ajuste de facto ante la presión de costos.
El fenómeno revela una desconexión entre las tarifas reguladas y la estructura real de gastos del sector. La CNTT, principal gremio del transporte en Santiago señalan que el combustible, referente componente del costo operativo, ha superado la capacidad de absorción de los choferes, provocando una reducción significativa en su rentabilidad diaria.
En este contexto, el gremio ha solicitado a entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) revisar el esquema de subsidios destinado a contener los precios del transporte. Según el sector, los más de RD$11 mil millones asignados no están impactando de manera efectiva a los operadores, lo que limita su capacidad para mantener tarifas estables.
Desde una perspectiva económica, el sistema enfrenta un dilema clásico, proteger al usuario frente a aumentos de tarifas o garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores del servicio. Sin ajustes en la política de subsidios o en la estructura tarifaria, expertos advierten que el mercado tenderá a una liberalización informal de precios.
Para los usuarios, esto ya se traduce en variaciones en el costo del pasaje y en una menor previsibilidad del servicio. Para el Estado, el desafío radica en evitar que la presión de costos derive en una ruptura del equilibrio regulatorio del transporte público a nivel nacional.

































