Por Luis Rodríguez.
San Francisco de Macorís. La Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU), del Recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), informó a la comunidad académica sobre una situación que calificó de crítica en varias dependencias administrativas, al tiempo que anunció el cierre de las unidades de Mayordomía y Biblioteca como medida de respuesta ante lo que consideran incumplimientos de compromisos previamente asumidos por la Dirección General.
En un comunicado fechado el 2 de marzo, la organización sindical explicó que desde noviembre habían sostenido conversaciones orientadas a reforzar áreas esenciales como Mayordomía, Seguridad, Biblioteca, Cafetería, Control Docente y el área financiera, ante carencias que afectan el funcionamiento regular del recinto y las condiciones laborales del personal administrativo.
Según ASODEMU-SFM, entre los compromisos discutidos figuraban el fortalecimiento del personal en Mayordomía, promociones internas en Biblioteca, la incorporación de nuevos agentes de Seguridad y la atención de otras situaciones urgentes en distintas áreas. No obstante, mientras dichas necesidades permanecen sin solución, el gremio señaló que se produjo la contratación del Lic. Bryan de la Cruz Muñoz (identificado en la comunicación como dirigente político), con un salario de RD$59,296.30.
La organización considera que esta decisión contradice el principio de prioridad interna y el reglamento de carrera administrativa, al dejar de lado a servidores con méritos, experiencia y años de servicio institucional. En ese contexto, afirmó que la medida adoptada por las autoridades genera preocupación entre los trabajadores y tensiona el clima laboral dentro del recinto universitario.
ASODEMU-SFM reiteró que su lucha se enmarca en la defensa de los derechos del personal administrativo, la transparencia en los procesos y la dignidad laboral. “La unidad es nuestra mayor fortaleza”, concluye el comunicado, que lleva la firma de sus representantes.
La situación plantea el reto de fortalecer los mecanismos de diálogo y concertación en el ámbito universitario, a fin de garantizar que las decisiones administrativas respondan a criterios de equidad, justicia laboral y respeto a las normativas institucionales, en coherencia con el compromiso social que debe caracterizar a la educación superior pública.
