EDITORIAL | Vértice Critico.
Hay momentos en los que una nación parece funcionar, pero solo para una minoría. La República Dominicana vive uno de ellos. Las cifras macroeconómicas proyectan estabilidad, las instituciones operan, el discurso oficial fluye en los medios de comunicación. Sin embargo, en la experiencia concreta de la gente, algo no encaja. Hay una disonancia persistente entre lo que se dice y lo que se vive.
El problema además de económico, social y político; se expresa con profundidad, se trata de una forma de gestionar el país como si cada problema existiera aislado del otro. Se toman decisiones sectoriales sin medir sus efectos colaterales, como si el campo no estuviera conectado con la ciudad, como si el empleo no dependiera del modelo productivo, como si la seguridad pudiera resolverse sin tocar la desigualdad.
El resultado es un país que se mueve, pero no avanza con coherencia igualitaria.
La creciente dependencia de importaciones, por ejemplo, no solo comprende un referente estadístico del campo comercial. Es una señal de debilitamiento estructural. Cuando se sustituye producción local por compras externas, no solo se afecta al agricultor, se transforma el mercado laboral, se precarizan comunidades enteras y se redefine la autonomía del país para sostenerse a sí mismo. Pero esa cadena de efectos rara vez entra en la discusión pública. Se actúa sobre el síntoma, no sobre el sistema.
Algo similar ocurre con la política social. Las intervenciones estatales, muchas veces fragmentadas, no logran cerrar brechas históricas. Al contrario, en ciertos casos las amplifican. Las desigualdades territoriales, educativas y económicas no desaparecen; se reorganizan, mutan, se trasladan. Y en ese movimiento constante, lo que emerge es una sensación de abandono que ninguna política publica oficial logra disipar.
La política, en lugar de ordenar, ha optado por administrar percepciones. Se comunica más de lo que se anuncia. Se construyen relatos que buscan estabilizar la opinión pública, pero que terminan desconectándose de la realidad cotidiana. Esa brecha (entre lo que se anuncia y lo que se experimenta), es hoy uno de los principales factores de desgaste institucional.
La seguridad ciudadana es otro espejo de esta lógica. No basta con respuestas reactivas ni operativos puntuales. La violencia no surge en el vacío, es el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí. Ignorar esa complejidad es condenarse a perseguir consecuencias sin tocar las causas. Y así, el problema no desaparece, solo cambia de forma y lugar.
A pesar de todo, el país no está inmóvil. Hay fuerzas que resisten, que organizan, que sostienen. Comunidades que crean soluciones donde el Estado no llega, sectores productivos que se adaptan, ciudadanos que insisten en construir sentido en medio de la fragmentación. Pero esos esfuerzos siguen dispersos, sin una articulación que los convierta en dirección nacional, sin un contra poder.
Ese es el punto crítico: la falta de una mirada integral. Gobernar no puede seguir siendo una suma de decisiones inconexas. Cada política pública introduce efectos que trascienden su ámbito inmediato. Ignorarlo no es neutral; es una forma de profundizar el desorden.
La República Dominicana no enfrenta una crisis visible en su superficie, pero sí un abandono acumulado en su estructura. Y ese tipo de crisis no estallan de golpe: se expanden, se desplazan, se vuelven parte del paisaje… hasta que dejan de ser controlables.
El país aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero eso exige algo más que gestión, exige poder popular. Comprensión de que los problemas no vienen solos, de que cada decisión tiene consecuencias múltiples, y de que un país no se sostiene únicamente con cifras, sino con desarrollo integral, soberano, justo e incluyente.
Porque cuando una nación deja de entenderse a sí misma, comienza, lentamente, a perder el control de su propio destino.
