Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
La Junta Central Electoral (JCE) expresó su preocupación ante la propuesta de reducir nuevamente los recursos destinados al financiamiento público de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, al considerar que la medida podría impactar la estabilidad del sistema democrático y el desarrollo de los procesos electorales en la República Dominicana.
Mediante un comunicado oficial emitido este jueves, el órgano electoral recordó que el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece que en los años no electorales —como el 2026— la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, la JCE indicó que la Ley 99-25 del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026 ya había reducido dicha asignación al 0.12 %, cifra que representa menos de la mitad del monto originalmente contemplado por la legislación electoral vigente.
La institución sostuvo que una nueva disminución presupuestaria comprometería la planificación financiera, educativa, logística y operativa de los partidos políticos, además de afectar compromisos asumidos sobre la base de la normativa aprobada previamente.
El organismo también advirtió que la eventual reducción podría repercutir negativamente en principios fundamentales del sistema democrático, como la equidad en la competencia política, la seguridad jurídica electoral y la integridad de los procesos electorales.
“La democracia dominicana se sustenta en el sistema de partidos políticos”, señaló la JCE al subrayar que estas organizaciones constituyen un componente esencial del modelo político-electoral establecido por la Constitución.
En el documento, la entidad recordó que los artículos 211 y 212 de la Constitución atribuyen a la Junta Central Electoral la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes, objetivas y desarrolladas bajo criterios de equidad y legalidad.
Finalmente, la JCE hizo un llamado a las autoridades responsables de la elaboración presupuestaria para que las decisiones relacionadas con el financiamiento público de las organizaciones políticas se adopten respetando el marco constitucional y las reglas preexistentes que sostienen el sistema democrático nacional.
El comunicado fue emitido en Santo Domingo el 8 de mayo de 2026.
