Por José Espinal.
En teoría, los apagones generales pertenecen al repertorio de economías frágiles o sistemas colapsados. En la práctica, la República Dominicana acaba de experimentar el segundo blackout nacional en tres meses y medio. Cuando una anomalía se repite en tan corto intervalo, deja de ser accidente: se convierte en síntoma.
El 23 de febrero, a las 10:50 de la mañana, una “falla mayor” en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) dejó al país entero a oscuras. El ministro de Energía, Joel Santos, atribuyó el evento a un disparo en la línea de 138 kV Hainamosa–Villa Duarte. Prometió una investigación “al detalle”. Pero el detalle relevante no es solo qué falló, sino por qué una sola contingencia puede tumbar todo el sistema.
Fragilidad estructural
La restauración fue progresiva: 30% del servicio a media tarde; 60% entrada la noche; totalidad cerca de la medianoche. Celso Marranzini, presidente del consejo de las distribuidoras, explicó que el reinicio debe hacerse con cautela técnica. Cierto. Sin embargo, la explicación técnica no disipa la inquietud estratégica: ¿por qué la red no posee suficiente segmentación o redundancia para evitar un colapso nacional?
Un sistema moderno debería aislar la avería, no socializarla a escala país.
El episodio anterior (noviembre de 2025), fue atribuido a error humano. Este a una falla en transmisión. Dos causas distintas; un mismo resultado: oscuridad general. La diversidad de fallas sugiere algo más profundo que un incidente aislado.
La economía a oscuras
El Metro de Santo Domingo detuvo trenes y evacuó estaciones; usuarios reportaron andenes sin iluminación de emergencia. En Santiago, los semáforos apagados convirtieron avenidas en embudos caóticos. Comercios operaron a medias, dependiendo de generadores privados. Hospitales y bancos activaron sistemas de respaldo, trasladando el costo de la estabilidad al sector institucional y empresarial.
El Estado anunció patrullajes reforzados bajo la dirección del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. La medida subraya un punto deficiente: en ausencia de luz, la primera preocupación es el orden público.
La oposición: El expresidente Leonel Fernández habló de falta de inversión y modernización; Francisco Domínguez Brito calificó al gobierno de inepto. La posición política es predecible. Más preocupante es que el historial reciente les provee munición.
¿Transición o estancamiento?
El país supuestamente ha invertido durante décadas en generación térmica, renovables incipientes y reformas regulatorias. Sin embargo, la transmisión (el eslabón menos visible pero más crítico), parece seguir siendo el talón de Aquiles. Un disparo en una línea específica no debería desencadenar una caída progresiva nacional. Si lo hace, el diseño del sistema merece escrutinio.
La pregunta no es si los protocolos funcionaron después de la falla. La pregunta es por qué el sistema no fue capaz de absorberla sin que millones de personas lo sintieran simultáneamente.
La República Dominicana aspira a consolidarse como hub logístico, destino turístico resiliente y receptor de inversión tecnológica. Ninguna de esas ambiciones es compatible con blackouts recurrentes. La energía no es un servicio más; es la infraestructura de todas las demás infraestructuras.
Dos apagones generales en un cuatrimestre no configuran una catástrofe permanente. Pero sí establecen un patrón. Y los patrones, en política pública, exigen algo más que comunicados nocturnos: exigen diagnóstico transparente, cronograma de reformas verificable y rendición de cuentas técnica, no solo política.
La electricidad volvió a las 11:53 p.m. La confianza, en cambio, no se restablece con un interruptor.
