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Un arzobispo dominicano pide medidas más severas contra la corrupción.

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Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán
Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán

Por José Espinal.

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán
Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán

Santo Domingo. En el interior sobrio de la Catedral Primada de América, donde la Iglesia Católica celebró la Jornada Mundial del Enfermo con oraciones por pacientes y personal sanitario, la homilía derivó de la compasión hacia la gobernanza. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, aprovechó la ocasión para formular un llamado mesurado pero firme: la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, sostuvo, requiere consecuencias más contundentes y visibles.

Informes técnicos recientes apuntan a una supuesta disminución en la percepción de la corrupción. El prelado acogió con satisfacción esa tendencia. Una reducción sostenida, afirmó, representaría “una gran esperanza” para los dominicanos. Sin embargo, advirtió contra la autocomplacencia. Las mejoras en los índices, aunque alentadoras, no sustituyen la credibilidad institucional. Lo que la ciudadanía reclama, insistió, son acciones “concretas y reales”: pruebas de que las faltas son sancionadas de manera consistente y de que la impunidad no solo se denuncia, sino que se erradica.

Sus declaraciones se producen en medio de diversas denuncias que involucran entidades públicas, incluidas acusaciones de que empleados habrían sido presionados para entregar parte de sus salarios con fines políticos. Sobre este punto, el arzobispo fue categórico: el salario de un trabajador debe respetarse. La actividad política, a su juicio, debe financiarse por vías legítimas y no mediante coerción a empleados del Estado. Las normas éticas, añadió, obligan tanto a la administración pública como a las organizaciones partidarias.

El arzobispo reconoció que el gobierno ha adoptado medidas, entre ellas la separación de funcionarios señalados por presuntas irregularidades. Tales decisiones, afirmó, son correctas. Pero las destituciones aisladas no equivalen a una reforma estructural. Se requieren salvaguardas más sólidas, mayor rendición de cuentas y sanciones más firmes para asegurar que los esfuerzos anticorrupción trasciendan el impacto inmediato de los titulares.

Al enmarcar su intervención, monseñor Morel Diplán subrayó que la Iglesia no actúa como adversario político, sino como interlocutor moral. A través de cartas pastorales y pronunciamientos públicos, recordó, la institución ha señalado prácticas indebidas durante años, procurando contribuir al fortalecimiento ético de la sociedad más que confrontar al Estado.

Que el mensaje se pronunciara en una jornada dedicada al sufrimiento no es un detalle menor. La corrupción, en la visión del arzobispo, no es una falla administrativa abstracta, sino una herida social que afecta con mayor severidad a los más vulnerables. La compasión por los enfermos y la exigencia de probidad pública, sugirió, forman parte de un mismo lenguaje moral. Para un país que aspira a consolidar avances en transparencia, el desafío consiste ahora en transformar los indicadores favorables en confianza duradera.

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