"Fortalecer la seguridad y salud laboral en los gobiernos locales es una inversión estratégica que profesionaliza la gestión municipal y garantiza servicios públicos más eficientes y sostenibles".
Por José Espinal Marcelo.
En la arquitectura institucional dominicana, los ayuntamientos suelen ocupar un lugar ambiguo: son el primer rostro del Estado ante el ciudadano, pero también uno de los eslabones más frágiles en términos de gestión administrativa. Esta semana, la Liga Municipal Dominicana (LMD), apuesta a corregir una de esas debilidades estructurales al lanzar, junto al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), un programa nacional de formación en seguridad y salud laboral dirigido a alcaldes y responsables de recursos humanos.
El esfuerzo, presentado en Santo Domingo por Víctor D’ Aza, presidente de la LMD, y Agustín Burgos, director ejecutivo de IDOPPRIL, busca algo más que cumplir con un protocolo. En un país donde los gobiernos locales gestionan desde la recogida de residuos hasta el mantenimiento de espacios públicos (actividades con exposición significativa a riesgos físicos), la prevención laboral rara vez ha sido prioritaria. El resultado ha sido una cultura institucional reactiva, centrada en la respuesta a accidentes más que en su mitigación.
D’ Aza describió la iniciativa como el primer fruto tangible de un acuerdo interinstitucional firmado a finales del año pasado. El énfasis en los “resultados concretos” revela una preocupación política más amplia: demostrar que los convenios entre entidades públicas pueden trascender la retórica. Para la LMD, que ha buscado reposicionarse como órgano articulador del municipalismo dominicano, el programa funciona también como señal de capacidad de coordinación.
El diseño del plan no se limita a exposiciones técnicas. Incluye módulos sobre cobertura y funcionamiento del seguro de riesgos laborales, protocolos de notificación de accidentes y enfermedades profesionales, y estándares de seguridad aplicables a la administración local. En términos prácticos, se trata de introducir procedimientos formales en estructuras donde la gestión de personal suele estar marcada por informalidades heredadas.
Burgos, por su parte, planteó el argumento en clave de eficiencia institucional: proteger la salud de los servidores municipales no es solo una cuestión de bienestar, sino una condición para la prestación continua de servicios públicos. En economías con márgenes fiscales estrechos, la reducción de ausentismo y litigios laborales puede tener un efecto presupuestario no menor.
La participación del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (CIFAL), vinculado a Naciones Unidas en República Dominicana, añade un matiz de estandarización internacional. Bajo la dirección de Rafael Santos, el acompañamiento sugiere la intención de alinear prácticas locales con marcos globales de gobernanza y gestión del riesgo.
El verdadero desafío no estará en la inauguración del programa, sino en su implementación sostenida en las distintas regiones del país. La República Dominicana cuenta con más de 150 municipios y numerosos distritos municipales, cada uno con capacidades administrativas dispares. Convertir la formación en práctica institucional requerirá seguimiento, incentivos y, posiblemente, mecanismos de evaluación periódica.
Con el éxito esperado, la iniciativa podría contribuir a profesionalizar un nivel de gobierno históricamente subestimado. Por ahora, la LMD y el IDOPPRIL apuestan a que la prevención (una palabra poco vistosa en política), se traduzca en una gestión municipal más resiliente y, en última instancia, más eficaz.
