Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó un giro en la estrategia de persecución penal de los delitos ambientales, al proponer el uso de metodologías investigativas más complejas que permitan conectar estos crímenes con estructuras de lavado de activos y redes transnacionales.
Durante su intervención en el Foro de Justicia por la Vida Silvestre (una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), la magistrada subrayó que la legislación dominicana ya ofrece una base jurídica para ese enfoque. La Ley 155-17 reconoce los delitos ambientales como precedentes del lavado de activos, abriendo la puerta a investigaciones financieras paralelas.
La funcionaria argumentó que, en la práctica, los delitos contra el medio ambiente siguen siendo tratados como infracciones de menor jerarquía, lo que (según dijo), limita su persecución efectiva. “Existe una subestimación estructural del daño ambiental dentro del sistema penal”, señaló, al tiempo que abogó por una visión más integrada que incorpore inteligencia financiera, análisis de redes criminales y cooperación internacional.
El foro, celebrado entre el 24 y el 26 de marzo en la capital dominicana, reunió a operadores de justicia de Honduras, Colombia, Guyana y República Dominicana, con el objetivo de intercambiar modelos de investigación y judicialización en casos de tráfico de fauna, contaminación y explotación ilegal de recursos naturales.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la convergencia operativa entre delitos ambientales y crimen organizado. Según Reynoso, las mismas rutas logísticas, intermediarios y esquemas de encubrimiento utilizados para el narcotráfico son replicados en el tráfico de especies y en otras economías ilícitas vinculadas al medio ambiente.
Ese enfoque fue respaldado por el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el general Ángel Alfredo Camacho Ubiera, quien advirtió que la degradación ambiental debe ser leída también como una amenaza a la seguridad nacional. En su exposición, insistió en que la protección de ecosistemas no es un asunto aislado, sino parte de la arquitectura de defensa del Estado frente a redes criminales.
Las discusiones técnicas incluyeron ejercicios sobre trazabilidad financiera, identificación de rutas transnacionales y coordinación entre agencias, en un intento por fortalecer la capacidad institucional de rastrear beneficios económicos derivados de actividades ilícitas ambientales.
El planteamiento de la Procuraduría apunta a una evolución del modelo de persecución penal: pasar de operativos focalizados en el daño ecológico inmediato a investigaciones estructurales que sigan el rastro del dinero, una estrategia que, en otros contextos, ha demostrado mayor eficacia contra organizaciones criminales complejas.
