Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.
Santo Domingo. El Núcleo Comunista (Proponentes del Pueblo Crítico en Resistencia), a través de su Secretaría Política, emitió un manifiesto público en el que expresa su respaldo al comunicador popular Juan Contreras y a la Coordinadora Simón Bolívar (CSB), organización con sede en Caracas, Venezuela, en medio de lo que califican como una “ofensiva política y mediática” en su contra.
En el documento, la organización dominicana sostiene que los señalamientos hacia Contreras no responden a hechos aislados, sino a su rol como voz crítica frente a los intereses del poder internacional. “La palabra también es un terreno de lucha”, indica el texto, al subrayar que el ejercicio de una comunicación no alineada con discursos hegemónicos suele generar consecuencias en contextos de alta crisis política.
Asimismo, el pronunciamiento destaca el papel de la Coordinadora Simón Bolívar como una estructura de organización popular con arraigo territorial y continuidad en el tiempo. Según el Núcleo Comunista, se trata de un espacio donde “el pueblo no es espectador, sino sujeto político”, lo que, a su juicio, explica los intentos de aislamiento y descrédito contra dicha entidad.
Desde la perspectiva del grupo emisor, la situación no es ajena al contexto dominicano, al establecer paralelismos con procesos históricos marcados por la injerencia externa y las disputas por la soberanía. En ese sentido, advierten que guardar silencio ante la criminalización de actores sociales y comunicacionales podría reducir los márgenes democráticos para la libre expresión y la organización popular.
El Núcleo Comunista reafirma en su declaración su postura “sin ambigüedades” en defensa de la comunicación popular, la organización social y el derecho de los pueblos a expresarse y articularse sin interferencias. Además, rechaza lo que describe como campañas de descrédito y cualquier intento de convertir la solidaridad política en una acción punible.
El manifiesto concluye señalando que el caso trasciende a los actores mencionados y se inscribe en una discusión más amplia sobre el derecho de los pueblos a ejercer su existencia política sin persecución. El documento fue firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el 10 de abril de 2026.
