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Choferes urbanos alertan sobre crisis económica y reclaman medidas urgentes al Gobierno.

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Por Luís Rodríguez | Vértice Crítico.

Miguel Sánchez
Miguel Sánchez

Santiago. El presidente del Sindicato Nacional de Choferes, Miguel Sánchez, advirtió este miércoles sobre el deterioro económico que afecta a miles de trabajadores del transporte urbano, al asegurar que el sector enfrenta una de las etapas más difíciles de las últimas décadas debido al incremento sostenido de los costos operativos y la falta de respuestas estructurales por parte de las autoridades.

El dirigente sindical sostuvo que los choferes se encuentran trabajando bajo una presión económica cada vez más asfixiante, marcada por el aumento en los combustibles, las piezas de vehículos, medicamentos y productos de la canasta básica, mientras los ingresos continúan sin variaciones significativas.

“Muchos conductores pasan jornadas completas apenas para garantizar la alimentación básica de sus familias. La situación se ha vuelto insostenible”, manifestó Sánchez al fijar posición sobre la realidad que vive el transporte urbano.

Indicó que las ayudas implementadas por el Gobierno no han logrado aliviar de manera efectiva la crisis, al considerar que las acciones adoptadas hasta ahora han sido temporales y carentes de planificación integral.

En ese contexto, planteó la necesidad de revisar técnicamente las tarifas del transporte público, establecer mecanismos de subsidios transparentes y permanentes, así como crear facilidades de financiamiento que permitan renovar la flotilla vehicular que opera en distintas rutas del país.

Miguel Sánchez también reclamó la apertura de un proceso de diálogo entre las autoridades y las organizaciones choferiles, argumentando que las decisiones relacionadas con el transporte no pueden seguir tomándose sin consultar a quienes enfrentan diariamente las dificultades del sector.

El representante sindical alertó, además, que la ausencia de medidas concretas podría generar un incremento de las tensiones sociales en el área del transporte, afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios que dependen del servicio público para desplazarse.

La declaración se produce en medio de un escenario de presión económica sobre distintos sectores productivos y de servicios, donde organizaciones sociales y sindicales han comenzado a demandar respuestas más amplias frente al aumento del costo de vida en República Dominicana.

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