Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
Santo Domingo. La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fijó posición en torno a la decisión del presidente Luis Abinader de detener las actividades del proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, calificando la medida como un paso acertado, pero insuficiente frente a los desafíos estructurales del sector extractivo.
En un pronunciamiento institucional, el organismo universitario sostuvo que la suspensión de las operaciones mineras refleja el peso de la denominada “licencia social”, es decir, la aceptación legítima de las comunidades impactadas, cuya ausencia (según subraya), invalida cualquier iniciativa de alto riesgo ambiental.
La Comisión destacó que el caso de San Juan pone en evidencia tensiones acumuladas entre desarrollo extractivo y sostenibilidad territorial, particularmente en zonas de alta sensibilidad hídrica y relevancia agrícola. En ese sentido, advirtió que no es viable impulsar proyectos mineros en contextos marcados por rechazo comunitario, fragilidad ecológica y potencial afectación a la seguridad alimentaria.
Asimismo, el órgano académico reconoció la movilización sostenida de organizaciones sociales, productores agrícolas, sectores religiosos y ciudadanos, a quienes atribuye un rol determinante en la decisión gubernamental. A juicio de la UASD, este proceso constituye una expresión de participación democrática en defensa del territorio y los recursos naturales.
Más allá de la coyuntura, la Comisión Ambiental planteó la necesidad de abrir una revisión nacional del régimen minero. Entre sus propuestas figura la evaluación integral de las concesiones existentes, especialmente aquellas que coinciden con cuencas hidrográficas, zonas de recarga acuífera y territorios productivos.
El documento también insiste en la aplicación rigurosa del marco legal vigente, incluyendo la obligatoriedad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas previas a los estudios de impacto ambiental de proyectos específicos, en consonancia con la normativa dominicana.
Finalmente, la UASD llamó a los poderes públicos, al Congreso y a los sectores productivos a impulsar una reforma profunda de la legislación minera, orientada a priorizar la protección del agua, el ordenamiento territorial y la participación ciudadana sobre los intereses extractivos.
La entidad concluyó que la paralización del proyecto Romero debe interpretarse como el inicio de un proceso más amplio de transformación de la política minera nacional.
