Por Henry Polanco | Abogado | Vértice Crítico.
El derecho internacional y el derecho internacional público constituyen una doctrina jurídica antigua, apegada al rol de los actores principales, es decir, los Estados, en su hegemonía civilizatoria. Por esa razón, esta rama del derecho como ciencia siempre guarda una referencia a los tratados y acuerdos con los que los actores resolvían sus conflictos de fronteras, comercio y soberanía, así como las escaladas belicistas. Todo evolucionó hasta la arquitectura jurídico-política de 1945, con la ONU y sus paradigmas de numerosos organismos internacionales que marcaron la nueva gestión civilizatoria, en el marco del derecho liberal, después de las distintas revoluciones que marcaron los siglos XVIII, XIX y XX.
La ONU estableció nuevos paradigmas universales del derecho internacional humanitario, como ente de referencia al que todos los Estados tenían que respetar, según sus modelos.
Las ideas de armonía internacional que se presumía debía representar la ONU tras el fin de la Segunda Guerra Mundial le otorgaban un rol de primer orden ante las catástrofes, los conflictos, entre otros asuntos: «Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión».
Sin embargo, la lógica hegemónica actual prioriza el espectáculo de la fuerza sobre la estabilidad jurídica. Cuando un Estado amenaza explícitamente con «destruir una civilización» o bombardea infraestructura sanitaria y cultural, el genocidio como norma viola tratados y se pone al margen del orden que, supuestamente, preserva el equilibrio geopolítico. Debió ser castigado con los principios del derecho internacional humanitario.
El derecho internacional humanitario constituye el dique que, en teoría, separa la política de la barbarie. Mas su sistemático quebrantamiento en esta contienda expone la crisis de legitimidad del orden vigente, todo según lo decidieran los pueblos, el segundo actor importante: los pueblos.
La guerra en el golfo Pérsico es un conflicto militar que también se erige como un laboratorio jurídico que desnuda las contradicciones y los límites del sistema internacional contemporáneo.
Estamos viviendo en un mundo donde se está definiendo entre opciones civilizatorias que rompen el paradigma ilusorio que fue bautizado en 1945, ante las fuerzas brutas desatadas por esa misma civilización. A Rusia, cuando invadió Ucrania, la marcaron con sanciones y aislamiento por haber violado el derecho internacional y ocupado territorio.
Pero Estados Unidos e Israel agreden, imponen sanciones unilaterales, masacran pueblos, ocupan territorios, violan soberanías y la ONU calla.
Algunas respuestas a esta coyuntura estratégica consisten en sostener la legalidad internacional, reformar las Naciones Unidas para reflejar el equilibrio geopolítico real y consolidar mecanismos de defensa colectiva basados en la Carta de la ONU.
La preservación del sistema de Estados soberanos exige que esta sea la única vía para evitar que el derecho sea sustituido por la ley del más fuerte. Pero nada: llegó el más fuerte, utilizó la ONU para su dominio global y, cuando esta no le funciona, recurre a sus métodos de barbarie.
Pero, asimismo, esta coyuntura reafirma una verdad estratégica: el derecho internacional no es un instrumento neutral, sino un campo de batalla donde se disputa el futuro del orden mundial.
Y este se está esculpiendo con la guerra como catalizador. Todo se está redefiniendo en la práctica, donde la fuerza y el derecho interactúan como campos de disputa civilizatoria.
En un mundo edénico, el derecho se sostiene con la voluntad de los pueblos de no volver a ser rehenes de imperios que confunden el poder con la legalidad; en el mundo real, el derecho es una herramienta de poder maleable o transformable mediante el consenso de la fuerza.
Ya hemos conocido, como humanidad, otros momentos geopolíticos y geoeconómicos que se definen con el fuego destructivo de las guerras mundiales.
Quizás este se trate de un umbral hacia otro sistema internacional donde tenga expresión una nueva arquitectura jurídica. O quizás se multiplique en otros sistemas, por regiones, donde la adaptabilidad de la geopolítica inmediata dicte sus normas.
Pero lo cierto es que, con la guerra en Asia Occidental, la violación de la soberanía del Caribe y de Venezuela, y el saqueo impune, se demuestra una vez más que el mundo opera al margen del marco jurídico que supuestamente lo regularía y del cual la ONU y sus organismos fueron sus portaestandartes.
