La Redacción.
La diplomacia estadounidense en el Caribe acaba de ofrecer una escena poco habitual: cerrar su propia oficina antinarcóticos en un país aliado para investigarse internamente. La protagonista es la embajadora Leah F. Campos, quien anunció el cierre “hasta nuevo aviso” de la oficina local de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Santo Domingo, invocando una política de “cero tolerancia” frente a cualquier indicio de corrupción.
En un mensaje difundido en la red social X, Campos fue categórica: la corrupción —incluso su mera percepción— es una “violación repugnante y deshonrada” de la confianza pública. Poco después, la embajada matizó que la medida tiene carácter temporal y responde a una investigación interna en curso. La cooperación con la República Dominicana en materia de lucha contra el narcoterrorismo, aseguró, continuará “al mismo ritmo sólido”.
La aclaración no fue trivial. En contextos donde la cooperación antidrogas es un asunto geopolítico sensible, cualquier movimiento puede interpretarse como reproche diplomático. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, informó haber conversado con la embajadora, quien le confirmó que el cierre no guarda “relación alguna” con autoridades dominicanas. La distinción apunta a blindar la alianza bilateral de suspicacias innecesarias.
Sin embargo, la decisión coincide con revelaciones más inquietantes en Washington. Según reportes de The Associated Press, un supervisor de la DEA en República Dominicana habría sido arrestado en el marco de una investigación por presunto abuso de un programa de visas destinado a informantes confidenciales. El caso estaría siendo conducido por el Department of Homeland Security. Aunque los detalles permanecen bajo reserva, el trasfondo refuerza la narrativa de una depuración interna.
La DEA no es un actor menor en el Caribe. Su División del Caribe —establecida formalmente en 1995— coordina operaciones en territorios estadounidenses como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en países como Haití, Jamaica y la República Dominicana. El tráfico de drogas en la región es una red transnacional que conecta América del Sur con mercados norteamericanos y europeos. En ese contexto, la integridad institucional es un activo estratégico tanto como los radares o las interdicciones marítimas.
El episodio subraya una tensión estructural en la política exterior estadounidense: exportar estándares de gobernanza mientras enfrenta sus propias vulnerabilidades institucionales. La administración del presidente Donald Trump ha reiterado un discurso de firmeza contra la corrupción y el narcotráfico. El cierre de la oficina de la DEA, aunque temporal, convierte esa retórica en un acto de introspección administrativa.
Para la República Dominicana, el mensaje es doble. Por un lado, se reafirma como “socio fundamental” en la arquitectura regional antidrogas. Por otro, observa cómo Washington opta por cerrar filas y revisar su casa antes de señalar la ajena. En diplomacia, la forma importa tanto como el fondo. Y esta vez, la forma ha sido una clausura preventiva en nombre de la credibilidad.
La pregunta ahora no es si la cooperación continuará —ambas partes aseguran que sí— sino qué revelará la investigación interna y cuánto tiempo permanecerá cerrada la oficina. En la lucha contra el narcoterrorismo, la confianza es moneda de alto valor. Y, como recordó la embajadora, su pérdida puede resultar más costosa que cualquier decomiso.
