Los sindicatos se preparan para un paro nacional mientras el Gobierno acelera una reforma que, dicen, recorta derechos históricos en nombre de la competitividad.
Por Luis Rodríguez.
Buenos Aires. En la Argentina de Javier Milei, el mercado laboral se ha convertido en el próximo campo de batalla del experimento libertario. A medida que la Cámara de Diputados se alista para debatir una controvertida reforma laboral (cuya votación el Ejecutivo intenta adelantar), las principales centrales sindicales amenazan con paralizar el país.
La Confederación General del Trabajo (CGT), tradicional columna vertebral del sindicalismo peronista, discute convocar a un paro nacional coincidente con la sesión legislativa. El Frente de Sindicatos Unidos (FSU), que agrupa a gremios industriales y estatales, ya ha anunciado una huelga con movilización. El mensaje es inequívoco: cualquier modernización que se edifique sobre la erosión de derechos será resistida en la calle.
La reforma, aprobada con cambios en el Senado, fue presentada por el oficialismo como una herramienta para flexibilizar contratos, dinamizar la contratación y reducir litigiosidad. Pero tras una lectura detallada, los sindicatos concluyeron que el texto conserva disposiciones que debilitan la primacía de los convenios colectivos nacionales, acotan el ejercicio del derecho a huelga y amplían márgenes empresariales en detrimento del trabajador. El financiamiento sindical y de las obras sociales, en cambio, se salvó tras intensas negociaciones.
El Gobierno sostiene que Argentina necesita reglas laborales “modernas” para atraer inversión y reducir el empleo informal. Sus críticos replican que la competitividad construida sobre salarios más frágiles y menor protección social es, en realidad, una transferencia de riesgos desde el capital hacia el trabajo. En una economía que aún lidia con inflación elevada y deterioro del poder adquisitivo, el timing político es delicado.
En el ala dialoguista de la CGT se percibe fatiga. Durante meses intentaron una estrategia de interlocución reservada con la Casa Rosada y gobernadores. Los resultados, consideran ahora muchos dirigentes, han sido exiguos. Las voces más combativas ganan terreno con un diagnóstico claro: si la negociación no modifica sustancialmente el proyecto, la presión deberá escalar.
Algunas concesiones asoman, aunque parciales. La senadora oficialista Patricia Bullrich, promotora clave del proyecto, prometió retocar el artículo que recortaba o eliminaba el salario durante licencias por enfermedad, asegurando el pago íntegro en casos graves. Para los sindicatos, el ajuste cosmético no altera la arquitectura general de la ley.
Más allá de Diputados, la batalla continuará en los tribunales. El sindicalismo confía en impugnaciones judiciales apoyadas en “zonas grises” del texto, evocando precedentes recientes en los que decretos que limitaban la huelga fueron frenados por jueces laborales.
El conflicto ilustra una tensión clásica en América Latina: cómo reformar mercados laborales rígidos sin descapitalizar a la clase trabajadora. El Gobierno apuesta a que el crecimiento futuro compensará la pérdida inmediata de protecciones. Los sindicatos replican que ningún rebote macroeconómico justifica retrocesos en conquistas históricas. En las próximas semanas, Argentina pondrá a prueba cuál de esas visiones tiene mayor capacidad de movilización —y de persuasión.
