Por José Espinal Marcelo | Vértice crítico.
Santo Domingo. La decisión del presidente Luis Abinader de frenar el desarrollo del proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, generó una rápida reacción del Frente Amplio, que interpretó la medida como una victoria de la movilización popular y un punto de inflexión en la relación entre ciudadanía y poder público.
La organización política sostuvo que la disposición gubernamental no solo se inscribe en el cumplimiento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente, sino que refleja un cambio de correlación impulsado por la presión social sostenida en los territorios. A su juicio, el caso Romero evidencia que los conflictos socioambientales ya no se dirimen exclusivamente en instancias técnicas o administrativas, sino también en el terreno de la legitimidad social.
Para María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio, el desenlace confirma el papel decisivo de las comunidades organizadas. Según afirmó, la articulación entre movimientos campesinos, colectivos ambientales y sectores populares logró instalar el tema en la agenda nacional hasta forzar una respuesta institucional. “La ciudadanía organizada ha demostrado capacidad real de incidir en decisiones estratégicas del Estado”, indicó.
El Frente Amplio planteó que la paralización del proyecto debe leerse como un precedente en la defensa de los bienes comunes, en un contexto donde la expansión de actividades extractivas ha generado tensiones en diversas regiones del país. En esa línea, subrayó que las luchas por el territorio y los recursos naturales han sido históricamente motores de transformación social y de ampliación de derechos.
No obstante, la organización advirtió que el reto inmediato consiste en evitar que la medida quede como una acción aislada. Por ello, llamó a institucionalizar mecanismos de control ciudadano y a consolidar políticas públicas que prioricen la sostenibilidad ambiental sobre intereses económicos de corto plazo.
Finalmente, el Frente Amplio instó a mantener activa la vigilancia social, al considerar que la defensa del medio ambiente no se agota en decisiones puntuales, sino que requiere una participación permanente de la ciudadanía para garantizar un modelo de desarrollo que respete la vida, los ecosistemas y la dignidad colectiva.
