Más de 50 entidades sostienen que cualquier transformación del sistema impositivo dominicano debe surgir de un acuerdo nacional en el Consejo Económico y Social, como establece la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Por José Espinal Marcelo.
SANTO DOMINGO. Más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil dominicana advirtieron esta semana que los planes del Gobierno para introducir cambios en la administración tributaria podrían avanzar sin el consenso nacional que, según sostienen, exige la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En un comunicado conjunto, las entidades respondieron al anuncio del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de ley destinado a “modernizar” la gestión tributaria, simplificar procesos administrativos y eliminar impuestos considerados obsoletos.
Pero para los firmantes del documento, la propuesta (tal como ha sido descrita hasta ahora), corre el riesgo de abordar únicamente aspectos operativos de la recaudación sin enfrentar los problemas estructurales que han definido el sistema fiscal dominicano durante décadas.
Las organizaciones sostienen que cualquier modificación relevante del sistema tributario debe discutirse dentro del marco de un Pacto Fiscal nacional, previsto en la Constitución y canalizado a través del Consejo Económico y Social (CES), un mecanismo concebido precisamente para articular acuerdos entre el Gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía.
“Este no es solo un asunto técnico”, señalaron en el comunicado. “Se trata de una decisión estructural que afecta la distribución de recursos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el alcance de los derechos sociales”.
El debate surge en un contexto en el que el Gobierno ha insistido en que no pretende impulsar una reforma fiscal integral, sino introducir ajustes administrativos para mejorar la eficiencia del sistema.
Durante un encuentro reciente con representantes del sector empresarial, Díaz explicó que su iniciativa se orienta a digitalizar procesos, simplificar procedimientos y eliminar tributos considerados anacrónicos, aunque no especificó cuáles.
Sin embargo, para las organizaciones civiles, incluso esos cambios administrativos deberían discutirse en un proceso más amplio y participativo.
A su juicio, el verdadero problema fiscal dominicano no radica en la existencia de impuestos obsoletos, sino en factores estructurales más profundos. Entre ellos destacan el alto volumen de exenciones fiscales otorgadas a corporaciones e instituciones, los niveles persistentes de evasión y elusión tributaria, la baja tributación sobre la riqueza y la propiedad, y la fuerte dependencia del Estado de los impuestos al consumo.
Ese modelo, señalan, ha contribuido a que el país mantenga uno de los niveles de presión fiscal más bajos de América Latina.
“Eliminar algunos impuestos puede tener sentido desde el punto de vista administrativo”, indica el documento. “Pero no constituye una transformación del sistema capaz de corregir los desequilibrios fiscales que se han acumulado durante décadas”.
Las organizaciones también argumentan que iniciativas como la digitalización de procesos tributarios, la automatización de exenciones o el fortalecimiento de la factura electrónica pueden mejorar la eficiencia del aparato recaudador. Pero advierten que esas medidas no alteran la estructura fundamental del sistema ni redefinen la relación entre ingresos públicos, gasto estatal y sostenibilidad fiscal.
En su análisis, la debilidad de las finanzas públicas dominicanas se explica principalmente por dos factores: el amplio régimen de incentivos y exenciones fiscales y los altos niveles de evasión tributaria.
Mientras esas variables no sean abordadas de manera estructural, afirman, cualquier reforma administrativa corre el riesgo de convertirse en un ajuste limitado que no modifica las bases del sistema.
Entre las organizaciones que respaldan el comunicado figuran Participación Ciudadana, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ciudad Alternativa, la Red Urbana Popular y el Centro de Investigaciones para la Acción Femenina, entre otras entidades sociales.
Para estas organizaciones, el debate fiscal no es simplemente una discusión técnica sobre impuestos, sino una cuestión de gobernanza democrática.
“Fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado y garantizar políticas públicas orientadas a la justicia social”, señalan, “no puede hacerse al margen de un pacto nacional que involucre a toda la sociedad”.
