Editorial | El pasajero no puede seguir pagando la factura.
El aumento del precio del pasaje en rutas urbanas e interurbanas de Santiago vuelve a colocar sobre los hombros de trabajadores, estudiantes y familias una carga que sus ingresos difícilmente pueden soportar. En las rutas urbanas, organizaciones del transporte han llevado la tarifa de RD$35 a RD$40, pese a que el INTRANT sostiene que no ha autorizado esos incrementos y a que en julio había acordado con la CNTT dejar sin efecto las alzas mientras se discutían los costos operativos. Que semanas después el aumento reaparezca y se extienda evidencia una preocupante debilidad de la autoridad reguladora: no basta con anunciar que el pasaje no puede subir; el Estado tiene la obligación de garantizar que su propia decisión se cumpla.
También sería irresponsable ignorar la realidad de los transportistas. Combustibles, neumáticos, lubricantes, repuestos y mantenimiento representan costos que terminan determinando la sostenibilidad de cada unidad. Solo durante agosto, la gasolina y el gasoil regular han registrado aumentos sucesivos; para la semana del 22 al 28 de agosto llegaron a RD$310.50 y RD$262.80 por galón, respectivamente, pese a que el Gobierno destinó más de RD$1,312 millones esa semana para subsidiar combustibles y superar los RD$27,000 millones acumulados durante el año. El propio Gobierno había explicado en julio que subsidiaba especialmente los combustibles regulares precisamente para impedir aumentos del transporte público y evitar su traslado a los precios de bienes y servicios. Si después de semejante esfuerzo fiscal los costos siguen presionando las tarifas, corresponde preguntarse por la eficacia y sostenibilidad de la política aplicada.
Pero la salida no puede ser trasladar automáticamente la factura al pasajero. Quien utiliza dos, tres o cuatro vehículos diariamente para estudiar o trabajar multiplica cada aumento y termina sacrificando una parte cada vez mayor de sus ingresos simplemente para movilizarse. El Gobierno debe recuperar el control de una situación que amenaza con convertirse en una cadena: suben los combustibles y los insumos, aumenta el costo operacional, los transportistas elevan unilateralmente el pasaje y finalmente paga el ciudadano. Santiago necesita una revisión técnica y transparente de las tarifas, fiscalización efectiva, políticas que reduzcan los costos reales de operación y mecanismos de apoyo al transporte colectivo condicionados al respeto de las tarifas oficiales. Nuestra solidaridad está con los pasajeros, pero reconocer sus derechos no obliga a desconocer las dificultades de los choferes: obliga al Gobierno a cumplir su función de árbitro, regulador y garante. El transporte público no puede seguir administrándose mediante aumentos consumados y autoridades que llegan después a declarar que nunca los autorizaron.
